El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, médico neurólogo, intervino en calidad de perito ante un Juzgado de Primera Instancia de Gijón en un proceso de incapacitación, seguido a instancias del Ministerio Fiscal contra la demandada XXX y en el que, con la contestación a la demanda, se aportaron 3 informes efectuados por el acusado en las siguientes fechas: 9-11-2010, 28-4-2011 y 30-8-2011, tras supuestos

reconocimientos realizados a la mujer y ratificados en la sesión oral del procedimiento, celebrada el 22 de noviembre de 2011.

En esos dictámenes, el acusado afirmaba la plena capacidad de juicio de la mujer, faltando a la verdad en su valoración

pericial, dado que, en las fechas en que tuvieron lugar los reconocimientos, la paciente ya presentaba un deterioro cognitivo severo que limitaba notoriamente sus capacidades.

Además, el acusado no aportó a las actuaciones los test a los que se refiere, supuestamente realizados por la paciente y de los que deriva sus conclusiones.

Finalmente, en otro informe aportado el 25 de enero de 2012, que se expuso y ratificó en la continuación de la vista, celebrada el 2 de febrero de 2012, el acusado concluyó que: "En la actualidad su deterioro se ha incrementado notablemente desde la ultima visita de agosto", apuntando que en el índice de escala global de demencias tendría un GDS 5 (deterioro cognitivo moderado grave), valoración estimativa al reconocer que no le llegó a practicar ningún test a dicha fecha. El 7 de febrero de 2013, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial declaró la incapacidad total de la mujer.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falso testimonio del artículo 460 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y suspensión para el desempeño de la función pericial durante 3 años, junto con el pago de las costas procesales.