En declaraciones a los medios de comunicación, antes de inaugurar el Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación, ha aclarado que "no nos gustaría llegar a ese extremo, pero visto el incumplimiento y la falta de voluntad" de la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) "no nos queda otro camino".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca

ha emitido este martes un auto en el que apercibe a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de la responsabilidad penal que supone no cumplir la sentencia que se encuentra en ejecución para que se devuelvan íntegramente los bienes de Sijena, ya que quedan 44 obras pendientes de su regreso a Aragón. En julio, Cataluña entregó 53 piezas.

Tras conocerse, el consejo de Cultura de Cataluña, Santi Vila, ha calificado de "desproporcionada" esa advertencia judicial, ha asegurado que debe atenerse a las leyes de patrimonio catalanas, así como a los posicionamientos de la Junta de Museos -que avisó que las piezas no podían descatalogarse- y ha apelado a la "paz social en Lleida" para evitar una devolución de las obras del museo diocesano.

Por su parte, Pérez ha calificado de "reiterativo" el auto, en el que la jueza "ha enfatizado, quizá, las consecuencias fundamentalmente penales de la Generalitat y el MNAC ante este incumplimiento reiterado de ambas instituciones".

Por eso, ha sostenido la consejera, "nos gustaría que la jueza diera un paso más y decidiera de manera definitiva una fecha y qué medidas coercitivas va a tomar para que esto se haga realidad".

Asimismo, la consejera ha remarcado que "el cumplimiento del Estado de Derecho es una obligación para todos los españoles, nos hemos dado unas normas que todos debemos de aceptar" y "las instituciones estamos obligadas al cumplimiento" de las mismas "y por tanto no admito ninguna otra justificación".

NO FUE POSIBLE

Mayte Pérez ha subrayado que "nos hubiese gustado resolver este conflicto por la vía pacífica, del diálogo, de la política", pero "no fue posible" y "hemos tenido que recurrir a los tribunales".

Ha agregado que "como vemos que no hay solución por la vía pacífica y la voluntariedad de la Generalitat tiene que ser por la vía de la imposición a través del auto de la jueza".

Igualmente, ha aclarado que "nunca hemos querido, ni es el objetivo del Gobierno de Aragón, exigir las consecuencias de las responsabilidades penales en que pueden incurrir, una causa que tiene que dirimir la jueza", sino que "lo que queremos es que sea una realidad que los 97 bienes estén en Aragón, que es de donde nunca deberían haber salido y así lo avalan las sentencias".