Javier Millán, portavoz de Ciudadanos en la Diputación provincial, ha informado este miércoles, en rueda de prensa, de las medidas adoptadas por su formación en el seno de la junta general del Consorcio Provincial de Aguas, celebrada pocas horas antes, con un orden del día en el que figuraba "dar cuenta" de la resolución que zanja la convocatoria pública promovida para contratar a un gerente de la entidad. Dicha resolución, recogida por Europa Press, determina la controvertida contratación del el exedil del PSOE Blas Ballesteros.

Millán, en ese sentido, ha advertido de que la convocatoria promovida para cubrir el puesto, que estipulaba un plazo de sólo cinco días para concurrir al procedimiento, estaba "viciada de origen", porque los vocales en representación de los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, la institución con más peso en la entidad después de la Diputación provincial, "no fueron convocados" a la junta general celebrada en abril por el Consorcio Provincial de Aguas para tratar las bases de dicha convocatoria.

"Cinco de los siete vocales designados por el Ayuntamiento no pudieron asistir. Sólo fueron los dos vocales asignados por el PSOE. Es impresentable. Un ninguneo", ha dicho Millán. Y mientras el vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas, Joaquín Fernández Garro (PSOE), ha defendido ya que el "informe jurídico complementario" solicitado al respecto al secretario general de dicho organismo, quien había avalado ya este nombramiento, ratifica que la contratación de Ballesteros fue "ajustada a derecho", C's insiste en que el nombramiento del exconcejal socialista arrastra "un cúmulo de irregularidades", sobre todo porque Ballesteros no "cumple" la condición de ser funcionario público.

"VA CONTRA LA LEGALIDAD"

"Arbitrariamente, se ha nombrado a una persona amiga (del PSOE), que no cumple los requisitos" recogidos como tal en la convocatoria, ha enfatizado Millán, quien ha anunciado que Ciudadanos ha reclamado la "dimisión" de Fernández Garro, porque como mandatario que firma la resolución que determina el nombramiento de Ballesteros, es el "responsable político" de una contratación que "va contra la ética y la legalidad".

Dicha resolución, como es sabido, ha sido objeto de un recurso por la vía Contencioso Administrativa por parte de Ciudadanos, que ha impugnado el nombramiento de Ballesteros, bajo la premisa de que para ocupar el cargo de gerente es necesario ostentar la condición de funcionario público y ni el exedil socialista cumple tal extremo, ni rigen como tal las salvedades estipuladas en el Reglamento Orgánico de la Diputación provincial, a la que está adscrita el Consorcio.

En su recurso inicial de reposición y también en su recurso contencioso, Ciudadanos reconoce que las bases de la convocatoria pública promovida por el Consorcio de Aguas para contratar a un gerente hacen referencia al Reglamento Orgánico de la Diputación de Sevilla. Dicho reglamento recoge de un lado que "el nombramiento del personal directivo de la Diputación del artículo 53 c) deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional".

"LAS FUNCIONES DEL PUESTO"

Pero por otro lado, este reglamento también estipula que "excepcionalmente, de manera motivada, atendiendo a las características específicas de las funciones del puesto, el presidente podrá incluir como requisito de acceso en la convocatoria la de tener la condición de personal laboral fijo de las administraciones públicas en puestos que requieran titulación superior o con contrato de alta dirección, o bien se trate un profesional del sector empresarial público o privado, titulado superior en todo caso, con experiencia en funciones directivas o gerenciales".

Ciudadanos, en ese sentido, señala que se ha "constatado que Blas Ballesteros no ostenta la condición de funcionario, requisito de acceso exigido en la convocatoria", toda vez que "para admitir candidatos que no tuvieran la condición de funcionarios, es requisito imprescindible que por parte del presidente de la Diputación se resuelva motivadamente a favor de dicha excepción, y se incluya como requisito de acceso en la convocatoria, extremo que no se ha verificado en la meritada convocatoria".

"Pese a que en la resolución recurrida se sobreentiende que se tuvo en consideración lo especificado en el Reglamento Orgánico de la Diputación, al no constar en la convocatoria como requisito de acceso el tener la condición de personal fijo de las administraciones públicas (...), una vez aprobada esta posibilidad por parte del presidente, la valoración de los méritos de Ballesteros en relación a la convocatoria publicada en el BOP no es conforme a derecho y reafirma la nulidad absoluta del nombramiento", argumentaba el recurso de Ciudadanos.