El tiempo de espera de los hogares vulnerables para cobrar la RMI se reduce a tres meses

  • En un año el tiempo de espera para acceder a la ayuda se ha reducido seis meses.
  • Casi 30.000 hogares sin recursos de la Comunidad de Madrid se benefician ahora de la Renta Mínima de Inserción.
  • Expertos en pobreza aplauden el logro y solicitan eliminar las reducciones por compartir vivienda y simplicar aún más los trámites administrativos.
  • La cuantía mínima del subsidio es de 400 euros, una cantidad muy inferior a la que pagan comunidades como País Vasco o Navarra.
Un grupo de personas con pocos recursos en un comedor social
Un grupo de personas con pocos recursos en un comedor social
ROLDAN SERRANO

Los hogares más vulnerables de la Comunidad de Madrid esperan ahora menos tiempo para acceder a la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda que se concede a toda persona sin ingresos y por tiempo indefinido cuya cuantía oscila entre los 400 y los 655 euros. El Gobierno regional que encabeza Cristina Cifuentes ha logrado durante el último año reducir el tiempo de espera de nueve a tres meses, el plazo máximo que marca la ley que entró en vigor en 2002.

Como consecuencia de ello, un total de 3.028 hogares han podido acceder al subsidio en los nueve primeros meses de este año, situando el número de beneficiarios a 1 de octubre en 29.982, lo que supone un 11% más. "El objetivo es llegar a todo el mundo, porque con los plazos de espera que había, había muchos expedientes parados", señalan desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Para hacer frente a estos gastos, el Ejecutivo regional aprobó la semana pasada una partida adicional de 26,4 millones de euros, lo que eleva a 146,5 millones la cantidad destinada este año para esta ayuda, un 20% más que en 2015 (121,4).

"Ha habido una mejora sustancial en este aspecto", afirma Mar Ureña, decana del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. "En innegable que esta mejora en los tiempos de espera ha sido un avance", coincide Gabriela Jorquera, coordinadora de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN). Ambas, sin embargo, aseguran que la RMI tiene retos de envergadura pendientes en la región. Uno de los más importantes pasa por modificar algunos artículos del nuevo reglamento que se aprobó en 2015, aún bajo el mandato del popular Ignacio González."Habría que eliminar la reducción que se produce del subsidio cuando dos o más beneficiarios comparten piso. Entendemos que es injusto que se le reste debido al alto precio que tiene la vivienda en Madrid", argumenta Ureña. Jorquera, por su parte, desvela que esta situación está afectando sobre todo a personas sin hogar: "Antes alquilaban una casa entre varios para irse del albergue en el que dormían. Pero con esta nueva norma ya no lo hacen tanto para no perder dinero. Por ejemplo, si dos beneficiarios de la RMI comparten piso, cada uno cobra 350 euros en lugar de 400".

Otro desafío que tendrá que afrontar el subsidio es el de reducir el papeleo: "La simplificación administrativa debe ser aún mayor. De esta forma, se podrían gestionar mejor las entradas y salidas de los beneficiarios. Ahora alguien que sale del sistema porque encuentra trabajo luego tarda dos meses en volver a cobrar tras quedarse en paro", dice la decana de los trabajadores sociales de la capital.  "Se podrían simplicar mucho las cosas si la administración consultase directamente la información que requiere al solicitante, como sucede con otras ayudas", destaca Jorquera.

El retraso en la tramitación de la RMI provocó hace tres años graves perjuicios a miles de hogares madrileños necesitados. Estas familias sufrieron por la demora  cortes de luz por no poder pagar la electricidad, acumularon deudas con sus caseros y tuvieron que acudir a comedores sociales para cubrir sus necesidades alimenticias. En 2013, la Comunidad llegó a reconocer a este diario que existía "un atasco en la resolución de las peticiones" de un año de media. Y lo justificó con un aumento de las solicitudes y responsabilizando a los beneficiarios: "Se debe a que los posibles perceptores no presentan toda la documentación".

Una ayuda "extremadamente baja"

La cuantía mínima de la RMI, congelada desde 2010, ha subido en la Comunidad en 2016 de 375,55 a 400 euros para una persona. Esta prestación aumenta en función del número de miembros de la unidad familiar hasta un tope de 655 euros para familias de tres o más miembros. Pese al aumento, la dotación mínima de esta ayuda en la región es muy inferior a la que se concede en comunidades como País Vasco (662,5 euros), Navarra (548,5) y Canarias (472,2).

"La ayuda sigue siendo extremadamente baja para el coste de la vida que tiene una ciudad como Madrid", explica Jorquera, haciendo alusión a un reciente informe de la Unión Europea sobre el coste de la vida en las grandes capitales europeas: "Ese informe estima que una persona que viva en Madrid necesita 199 euros mensuales solo para comer, lo que supone la mitad de la RMI para una persona. Luego hay que sumar vivienda, transporte, pago de suministros básicos...".

La Renta Minima de Inserción se concede a toda persona que se encuentra sin ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 15/2001: carecer de ingresos económicos, tener un patrimonio inferior a los 13.519,80 en el caso de una persona que viva sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de 12 meses.

"No se trata de una prestación económica pasiva, ya que contempla la realización de proyectos de inserción sociolaboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo, y la consiguiente autonomía económica", destacan desde el Gobierno regional, que cifra en un 50% el porcentaje de perceptores que ha dejado de recibirla al mejorar su situación laboral. Desde su puesta en marcha, unos 59.000 hogares madrileños han sido beneficiarios de la RMI.

La cuantía mínima de la Renta Mínima de Inserción pasará de 375 a los 400 euros al mes

en algún municipio de la región con una antigüedad de 12 meses. No se trata de una prestación económica pasiva, ya que contempla la realización de proyectos de inserción sociolaboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo, y la consiguiente autonomía económica.

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