La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado este martes su "indignación" ante el "agravio" para los gallegos que, a su juicio, supone el veto del Ministerio de Fomento para que el Congreso de los Diputados debata la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia para pedir la transferencia de la autopista AP-9.

Para Ana Pontón es "indigno" y "una tomadura de pelo" que el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy impida este debate utilizando "argumentos que son falsos", según ha dicho.

En concreto, el informe de Fomento destaca en que la autopista AP-9 permite conectar los principales núcleos gallegos "con los diferentes territorios de España y con los demás países de la Unión Europea", incluido Portugal, algo que Pontón ha puntualizado porque "esa comunicación con Portugal se hace por la A-55".

Y también calificó como "falso, que haya un problema económico para realizar esa transferencia", ya que el Gobierno del Estado tiene 8.000 millones "para poder rescatar a las autopistas madrileñas", según asegura, a la banca que las construyó "y a las constructoras que luego acaban financiando ilegalmente al Partido Popular", ha abundado.

"SUMISIÓN DE FEIJÓO"

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego ha asegurado que el veto del Gobierno también pone de relieve que el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, "está llevando a la irrelevancia política a nuestro país con su estrategia de sumisión a los intereses del Partido Popular".

Ana Pontón también ha recordado que toda la Cámara gallega ha respaldado esta petición unánime de transferencia de la autopista AP-9. "Esto es una ofensa intolerable que nosotros creemos que debe tener una respuesta inmediata", ha sostenido.

En este sentido, la líder del Bloque ha emplazado a todos los responsables de las principales fuerzas políticas gallegas, "incluido el señor Núñez Feijóo", a una reunión para "definir una estrategia" que lleve a que esta autopista sea transferida a Galicia. "Y que podamos acabar de una vez por todas con los abusivos peajes que se están pagando", ha apostillado.

MEDIDAS PARLAMENTARIAS

La portavoz nacional del BNG ha acudido este martes a Pontevedra para presentar una de las primeras iniciativas de su grupo parlamentario que se centrará en una serie de medidas sobre la movilidad. Entre ellas que Galicia tenga las competencias en materia de seguridad viaria y que gestione todas las infraestructuras viarias "para poder hacer una política integral que tenga en cuenta cual es la realidad de nuestro país", ha proclamado.

Asimismo, pedirán una modificación de la Ley de Carreteras para que cambie sus prioridades, situando a las personas por encima del resto de formas de transporte, y harán especial hincapié en la conservación de las carreteras "eliminando los puntos negros" que hay, sobre todo "en vías de titularidad estatal".

Acompañada de los alcaldes de Barro, Xosé Manuel Abraldes; de Poio, Luciano Sobral, y del regidor capitalino, Miguel Fernández Lores, junto a buena parte del Gobierno Local pontevedrés, Ana Pontón ha elegido como muestra de las políticas que quiere poner en marcha su formación, el mirador sobre la ría en el Paseo de Marín, una zona donde se ha dado prioridad al tráfico peatonal y a las bicicletas sobre el vehículo privado.

"Uno de los objetivos de la próxima legislatura tiene que ser la puesta en marcha de un nuevo modelo de movilidad sostenible y de seguridad vial", aseguró la portavoz del Bloque.

Pontón ha reconocido los avances logrados en los últimos años pero mostró su rechazo a las cifras "preocupantes" que en esta materia presenta Galicia con un "nivel muy elevado de mortalidad", algo que "se puede evitar" con el cambio de modelo.

Según ha indicado, en el último año el índice de siniestralidad en Galicia se ha incrementado un 17%. "Eso quiere decir que el modelo no está funcionando", ha aseverado. Entre otras cifras, Pontón también apuntó que cada año mueren en las carreteras gallegas unas cien personas, con un número muy importante de personas afectadas. Estos siniestros suponen unos 1.000 millones de euros en pérdidas, un 2% del Producto Interior Bruto gallego (PIB) y repercute en aspectos como el encarecimiento de los seguros, ha explicado.