En concreto, el sindicato ha cifrado en 938.000 las personas ocupadas y de ellas, el 16 por ciento (150.080) se encuentra en situación de pobreza, una situación que el secretario de Organización y Comunicación, Luis Fernández Gamazo, ha atribuido a la "gestión lineal" de la crisis, que en el caso del ámbito laboral ha incidido en la situación de trabajadores que, aún con un empleo, "no pueden vivir dignamente".

Esa cifra "se ha disparado", según Fernández Gamazo, quien tras referirse al alto índice de desempleo y de precarización del empleo ha dado paso a la presentación del informe, del que Bernarda García y Elsa Caballero, de la Secretaría de Política Social, han destacado cifras como las 452.385 personas en riesgo de pobreza (18,3 por ciento), es decir, que tienen ingresos inferiores a 8.011 euros, o las 56.857 (2,3 por ciento) que tienen carencia material severa (temperatura inadecuada en el hogar, no acceso a consumo de carne o pescado dos veces por semana o imposibilidad de enfrentar gastos imprevistos).

La Comunidad registra 121.213 hogares (284.850 personas) con baja intensidad en el trabajo (sus miembros en edad de trabajar solo lo han hecho un 20 por ciento del tiempo potencial de trabajo durante el año anterior), 101.772 con "muchas dificultades" para llegar a fin de mes y 60.652, carencia energética.

En el caso de los menores de la Comunidad, 39.612 se encuentran en hogares con baja intensidad en el trabajo, 92.428 sufren pobreza monetaria, 11.850 privación material severa y 89.042 vive en hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos.

OTRAS CIFRAS

En la rueda de prensa, Caballero ha destacado también las 95.500 personas inscritas como desempleadas sin prestación y los 36.782 hogares de la Comunidad sin ingresos laborales, además de los 89.628 hogares con todos sus miembros en paro.

En lo que a la Renta Garantizada de Ciudadanía se refiere, de las 62.459 solicitudes presentadas desde 2011 y hasta junio de 2016 se concedieron 25.520 y se denegaron 33.876, mientras que la Iniciativa Legislativa Popular solicitada por CCOO y UGT cifra en 84.705 las potenciales perceptoras de la Renta Mínima.

"Cáritas reconoce que el 80 por ciento de la pobreza va a ser heredada a través de la infancia", ha advertido García, quien ha cifrado en 6.000 las familias que han recibido ayudas al alquiler y en 2.500 a las que, cumpliendo los requisitos, les ha sido denegada.

Por todo ello la secretaria regional de Política Social de CCOO, Bernarda García, quien ha explicado que en la mayoría de los casos esos datos son mejores en la Comunidad que en España, ha pedido ahondar en el convenio con el Procurador del Común para realizar un seguimiento y control de la prestación de la Renta Garantizada y el desarrollo de una ventanilla específica a fin de atender a los solicitantes.

Asimismo, ha reclamado el "impulso" al parque de alquiler de viviendas y una Ley de Protección para que las medidas contempladas en la Red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis pasen a ser derechos subjetivos y dejen de tener carácter "asistencial".

García ha adelantado que tras la constitución de la mayoría de los consejos de Diálogo Social en las entidades locales, se realizará un seguimiento de la aplicación de las distintas prestaciones y se buscará la homogeneización de las cuantías, a lo que ha sumado una petición para que cualquier iniciativa que pongan en marcha en este sentido mejoren las condiciones de las actuales y sean ya consideradas "derecho subjetivo".

"Los recortes no han sido neutrales y han afectado a las familias vulnerables", ha aseverado antes de referirse a la atención residencial y a la paralización, fruto de la crisis, de un acuerdo que abogaba por el reequilibrio de las plazas públicas y privadas y que se tratará de "rescatar" en la actualidad a fin de paliar la situación de los mayores que, en situación de pobreza, no pueden acceder a ellas.