Así lo han indicado a Europa Press fuentes del organismo de cuenca, que han señalado que el citado documento se encuentra ya publicado tanto en la web de la Confederación como en la del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una vez tramitadas las alegaciones que se registraron sobre este estudio, que fue presentado en octubre de 2014.

En él se identificaban siete áreas de riesgo potencial significativo de inundación a lo largo varios tramos de los de los ríos Quiebrajano, Guadalbullón y Eliche que sumaban 44 kilómetros en los términos de Jaén (31,09 kilómetros), Los Villares (2,62) y La Guardia de Jaén (10,4).

Según ha precisado las referidas fuentes, "inicialmente se contemplaban 606 construcciones, afectadas total o parcialmente, dentro del Dominio Público Hidráulico", una cifra que se ha visto notablemente reducida tras la información pública del mapa, en la que se estimó "en torno al 80 por ciento de las alegaciones".

"Al final, se quedan en 111 construcciones afectadas en Dominio Público Hidráulico", han explicado para añadir que se debe fundamentalmente a una recomendación del Magrama vía modificación de un real decreto de cara a lo que se conoce como la guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía.

Se traduce en que "no sólo hay que tener en cuenta el criterio hidrológico, que es importante", sino que "también hay que tener presente otra serie de factores como los geomorfológicos, ecológicos o históricos para obtener una mejor realidad, radiografía de la zona".

Ya el pasado enero el ingeniero jefe del organismo de cuenca en la provincia, José Martín, apuntó que el trabajo técnico del mapa de riesgos y peligrosidad de inundación de los entornos de Jaén, entre los que figuran los conocidos como Puentes, estaba "prácticamente terminado".

En su presentación hace dos años se cifró en alrededor de 1.000 edificaciones las que se ubican en el periodo de retorno de 100 años en diversos tramos de los ríos Quiebrajano, Guadalbullón y Eliche, si bien se matizó que habría que analizar cada situación para intentar arbitrar medidas que permitieran su salvaguarda.

Se dejó claro, en cualquier caso, que las que no podrían ser susceptibles de regularización serían las que se ubicaran en Dominio Público Hidráulico, cuyo número no se precisó entonces y que ahora la CHG sitúa en 111.