La incriminación de Samaniego a la Intervención se ha producido durante su declaración ante la juez instructora, segunda en calidad de investigado desde la inicial prestada hace dos años, y que se ha prolongado por espacio de casi dos horas en las que se ha ratificado en que todas las obras que le fueron adjudicadas contaron con los parabienes de los máximos responsables municipales y, además, ha calificado de "falsos" los informes emitidos desde el Consistorio que le imputan determinadas facturas.

"Dice que son informes de parte y que están manipulados en perjuicio de sus intereses", ha explicado su letrado defensor y decano de los abogados de Palencia, Santiago González Recio, quien, tras asegurar que desconoce qué interés puede tener en ello el Consistorio, personado en la causa como acusación particular, asegura que cuenta en su haber con otros informes técnicos "contradictorios" de los anteriores que vendrían a constatar que se están atribuyendo a su patrocinado el cobro de unos 8.000 euros que nunca percibió.

En cuanto a los 300.000 euros que Luis Alberto Samaniego percibió por el alquiler durante seis años de dos naves de su propiedad, sitas en la calle Topacio, en el Polígono de Argales, para el Servicio de Limpieza Municipal, su letrado, en declaraciones a Europa Press, sostiene que tal contrato se enmarca en una mesa de contratación y un proceso de adjudicación perfectamente legal en el que, como así precisa, no intervino su patrocinado. "Se trata de unas naves familiares tremendas, si bien no entramos en si esos 300.000 euros son o no excesivos", ha sentenciado el decano de los abogados palentinos.

Además del exjefe del Centro de Mantenimiento, la instructora de esta 'causa compleja' ha vuelto a tomar también declaración, igualmente en calidad de investigados, a su hijo Luis Javier, así como al primo del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y al contable del grupo de empresas de la familia, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

PERJUICIO DE MÁS DE 260.000 EUROS AL CONSISTORIO

También ha 'desfilado' ante la juez, en este caso por vez primera y como testigo, el interventor municipal desde julio de 2013, Rafael Salgado, quien en su declaración, según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha ratificado en todos sus términos sendos informes emitidos por su departamento y que exploraron más de doscientas facturas emitidas a las empresas de los Samaniego por distintas obras y servicios entre el año de su acceso al cargo y 2014.

En un primer informe se rastrearon 13 facturas de 2013, en el que se detectaron supuestas irregularidades en siete de ellas, y en un segundo mucho más extenso se cotejaron un total de 140 del citado ejercicio y otras 70 de 2014.

Los tres aparejadores municipales autores de los informes-visitaron 'in situ' las obras-concluyeron que el perjuicio sufrido por las arcas municipales, sólo en estos dos ejercicios computados, superaron los 260.000 euros como consecuencia de los costes aplicados por las empresas del grupo, que excedían el 20 por ciento del precio máximo tomado como referencia.

El cotejo de facturas, a pesar de que la investigación judicial se centra en el periodo entre 2000 y 2014, únicamente abarca los dos últimos años debido a la imposibilidad material de revisar la totalidad de los contratos suscritos con el grupo de empresas de Luis Alberto Samaniego, de ahí que, según las mismas fuentes consultadas, el perjuicio patrimonial causado a las arcas municipales superaría con creces esos 260.000 euros.

Se da la circunstancia de que los informes de Intervención también sostienen que en el caso de dos obras concretas los Samaniego cobraron las facturas sin haber ejecutado las obras.