Con esta conclusión quedó ayer visto para sentencia un juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya que ha durado dos semanas y en el que han comparecido 35 testigos.

El fiscal mantuvo su petición de 8 años de cárcel para la acusada, y sumó la petición de una indemnización de 1.000 € para cada una de las víctimas. «Engañar no es sólo una promesa verbal. La acusada construyó una realidad para dar una impresión de verdad», aseguró. Ahora bien, solicitó la pena mínima (ocho años de prisión) ya que las víctimas lograron no ser expulsadas de España gracias a los trámites de Jiménez.

La acusación particular mantuvo su petición de 12 años de cárcel al encontrar alevosía. «Sabía que las víctimas no le denunciarían por estar indocumentados», aseguró el letrado de SOS.

«Es el juicio del esperpento», exclamó por su parte el abogado defensor de Jiménez. Insistió en que los extranjeros «malinterpretaron» a Jiménez, quien jamás prometió papeles. Insinuó que los testigos mintieron y apuntó que los inmigrantes «se movían en el mundo de la trampilla». «Si yo compro heroína en San Francisco, y me dan harina, no puedo denunciar estafa; ¡es un delito!», enfatizó.