Inicialmente, Boquet tendría que haber prestado declaración este jueves en el juzgado, pero finalmente el juez ha decidido citarle el 7 de noviembre después de que el investigado haya pedido más tiempo para poder estudiarse la causa, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

El juez acordó llamarle a declarar como investigado en esta causa tras requerirlo la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular.

En esta causa ya declararon ante el instructor, como testigos, 10 liberados sindicales, así como cinco exresponsables de la Conselleria de Educación. Estos últimos afirmaron que desconocían que se efectuasen ingresos de más a los centros concertados o que se hicieran abonos a liberados de la patronal.

El juzgado encargado de este procedimiento investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La causa parte de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes, ya que trabajarían como liberados sindicales para las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).

En concreto, la coalición indicaba en su denuncia que los pagos mensuales a docentes de centros concertados asumían el abono de las horas correspondientes de los liberados sindicales, en función de la representatividad obtenida en el sector por las respectivas organizaciones sindicales.

Pero añadía que, junto a estos liberados sindicales también se retribuía la nómina de 10 personas bajo el epígrafe 'liberados patronal', lo que supondría "una financiación irregular" de unos 350.000 euros anuales.

El fiscal, tras estudiar esta denuncia y diferente documentación recabada -parte de ellas a las propias patronales de enseñanza- observó presuntas irregularidades en la actuación con estos liberados, así como en otras vertientes más, con lo que denunció los hechos en el juzgado.

El ministerio público también observó supuestos pagos excesivos por concierto entre los años 2008 y 2014, y la existencia de algunos docentes mayores de 65 años que, presuntamente, habrían estado cobrado sin ejercer ningún tipo de actividad docente.