La enmienda de UPN, que presentaba texto alternativo, ha recibido el voto en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN, e Izquierda-Ezkerra, mientras que el PPN se ha abstenido.

El objetivo de la ley es promover la integración sociolaboral y luchar contra la pobreza infantil y de las personas mayores. Según el proyecto presentado por el Gobierno, esta nueva prestación, que sustituirá a la actual renta de inclusión social, supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones. De ellos, 5,08 corresponden a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años será de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.

Con estas cantidades se mejorarán la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80% de las perceptoras de la renta de inclusión social. Por el contrario, unas 5.000, el 20%, verán reducida su prestación de los 655,20 euros mensuales a los 600 euros.

Además, otras 2.800 personas nuevas podrán incorporarse a la renta garantizada gracias a la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años; la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda; el acceso de unidades familiares con menores a cargo que lleven solo un año de residencia en Navarra; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 36 meses si persiste la situación de necesidad.

En el pleno del Parlamento, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha afirmado que si se aprueba la ley definitivamente "será un motivo de orgullo para Navarra porque es una ley que nos beneficia a todos, que ayuda a construir una sociedad en la que vivir sea más agradable para todos".

Miguel Laparra ha indicado que "esta reforma va a ser un referente a nivel estatal y con ella Navarra se sitúa entre los modelos más avanzados de la Unión Europea en la protección de los sectores más desfavorecidos".

El vicepresidente ha dicho que no entiende la enmienda presentada por UPN "salvo que estén pensando algo que no acaban de decir del todo, salvo que estén pensando en reducir la protección social de los sectores más vulnerables". "Espero que no repitan errores del pasado", ha indicado.

UPN DEFIENDE UN MODELO DE "INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL"

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha preguntado a Laparra "si se acuerda de esa Navarra en emergencia social de la que hablaban en la campaña electoral y si se acuerda de que en el acuerdo programático se firmó que en seis meses habría una renta básica universal para los ciudadanos". "Hoy desde el despacho de vicepresidente del Gobierno no pisa la tierra. Viene aquí nueve meses más tarde y dice que se siente orgulloso. ¿No le da vergüenza? ¿Si era real esa emergencia tan manifiesta por qué no ha venido antes?", ha preguntado.

Javier Esparza ha dicho que comparte algunas cosas sobre el proyecto de ley, pero ha apuntado que existe "un desacuerdo fundamental sobre el modelo de sociedad, que es lo que está en el fondo de todo esto". "El Gobierno defiende un modelo en el que el protagonista es el subsidio y nosotros defendemos un modelo en el que el protagonista es la inclusión social y laboral", ha indicado.

EL CUATRIPARTITO AVALA LA LEY

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha suscrito todo el contenido de la ley presentada por el Gobierno y ha afirmado que la enmienda de UPN "contiene aspectos irreales, irrealizables e incoherentes, y se sustenta en principios con los que estamos en desacuerdo". "UPN convierte el derecho a la inclusión en la obligación a la inclusión, y eso no funciona", ha afirmado.

Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha afirmado que

"las políticas regresivas y neoliberales, a las que no escapa UPN, han generado las bolsas de pobreza, exclusión, desnutrición y deterioro de la salud de las personas". "Me sorprende que ahora UPN esté hablando de reforzar las políticas públicas, porque cuando han estado en el Gobierno han actuado en línea contraria", ha dicho.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha asegurado que éste es "un día en el que la ciudadanía en su conjunto va a empezar a ser rescatada legalmente" y ha añadido que "la maquinaria de redistribución económica y garantía de derechos que ya comenzó su andadura con la reforma fiscal pretende revertir los daños causados por las políticas de austeridad, pretende incidir en la situaciones de indignidad, precariedad y exclusión social a las que nos han llevado las políticas de UPN".

Por parte del PSN, Nuria Medina ha afirmado que los socialistas han presentado varias enmiendas parciales para "mejorar" el texto enviado por el Gobierno y, en función del resultado final, los socialistas decidirán su voto definitivo a la ley. "Es imprescindible facilitar recursos económicos a la gente que lo necesita, pero es fundamental ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran, y esto se hace con un acompañamiento adecuado desde el minuto uno", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "la mejor prestación que puede dar una Administración es abonar el terreno para la creación de puestos de trabajo, no tenemos que tender a una sociedad asistencial, que es lo que parece que el Gobierno busca, sino que tenemos que ir a una sociedad con personas que se desarrollen por sí mismas a través de un trabajo que les permita vivir de forma independiente". "La ley del Gobierno desestima completamente la opción del empleo", ha dicho, para explicar que su grupo ha registrado varias enmiendas parciales al texto.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que la enmienda de UPN supone "no avanzar o incluso dar un paso atrás" y ha añadido que la nueva ley "pone a las personas más vulnerables en el centro de la política, en el primer lugar del orden de prioridades". "No se sitúa la prioridad en el cemento por el cemento ni en obras faraónicas, sino en la lucha contra la lacra inasumible de la pobreza severa. Mostramos nuestro orgullo por el arranque del debate de una ley fundamental", ha manifestado.