CSIF inicia una campaña de concienciación contra las unidades de Gestión Clínica en León y El Bierzo

  • El sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha iniciado este martes una campaña informativa para concienciar a los trabajadores contra la puesta en marcha de la Unidad de Gestión Clínica de Raquis del Complejo Asistencial Universitario de León y de la de Psiquiatría y de Salud Mental, así como de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología del Hospital de El Bierzo, para alertar de "las consecuencias negativas que traerá consigo la puesta en funcionamiento de las mismas".

La Central Sindical ha insistido en que esta decisión "busca es privatización encubierta sectorial", porque "se trata de una medida economicista que lo único que pretende es ahorrar dinero a costa de la sanidad pública, algo que repercutirá de manera directa en los profesionales y usuarios".

En cuanto a la parte profesional, el sindicato ha aludido a una falta de claridad en la gestión de dichas Unidades que dejará desprotegida a la plantilla, "teniendo en cuenta que los trabajadores dependerán funcionalmente de un director de unidad que podrá modificar en cualquier momento las condiciones laborales de dichos trabajadores, como pueden ser turnos, horarios y permisos", con la consiguiente perdida de derechos adquiridos.

Además, ha asegurado que "siguen sin saber qué ocurrirá con aquellos profesionales que no quieran incorporarse a las Unidades de Gestión Clínica y cuáles serán sus condiciones laborales, ya que el Decreto lo considera una decisión voluntaria".

En este sentido, CSIF ha recordado que los profesionales sanitarios tienen 15 días para tomar una decisión "personal" sobre su adhesión a las unidades o no, para lo que han iniciado esta campaña informativa, "para alertar y recomendar a los profesionales no adherirse a esta nueva fórmula de gestión debido al oscurantismo que todavía la rodea".

Para la Central Sindical, la implantación de este nuevo sistema de gestión para la sanidad tiene "como único objetivo el ahorro económico, a través de la búsqueda de la complicidad de los profesionales de la sanidad con promesas de incentivos económicos por cumplimiento de objetivos a largo plazo y sin tener en cuenta tanto el deterioro que originará en las condiciones laborales de los trabajadores como el riesgo que pone a la calidad asistencial prestada a los pacientes".

CSIF ha reafirmado que "el Sistema Sanitario no debe perseguir el bien lucrativo sino preocuparse por la asistencia, por lo que no deberían de existir incentivos a la producción por el mero hecho de cumplir con objetivos que en la mayoría de las veces persiguen ahorrar y olvidan el bien del paciente" y ha reafirmado que está valorando con su asesoría jurídica el Decreto para "buscar los caminos legales para paralizar esta implantación que acabará destruyendo los derechos de la Sanidad Pública".

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