En una rueda de prensa, el popular ha señalado que "la Junta lleva años contando con un borrador de este Registro y, sin embargo, sigue sin aprobarlo", al tiempo que ha reprochado al Gobierno regional que "Andalucía incumple la normativa europea a diferencia de otras comunidades autónomas, que sí lo han aprobado".

En este sentido, ha indicado que "la Defensora del Pueblo, el conjunto del sector y la propia Guardia Civil han reclamado a la Junta de Andalucía la aprobación de este registro, que asegura la trazabilidad de los alimentos", a lo que ha añadido que "el propio borrador establece la necesidad de que todos los productos que se transportan en gran cantidad deben ir acompañados por un documento de acompañamiento del transporte que permitirá a la Guardia Civil acreditar si el producto ha sido robado".

"Con este Registro será posible conocer de dónde viene el producto y dónde será recepcionado facilitando la labor de prevención de robos e incautación de producto robado a la Guardia Civil", ha destacado el senador popular, quien ha dicho que "no se puede entender que ante las reivindicaciones del sector, el incumplimiento de la normativa europea y contando con el borrador, los agricultores andaluces no estén protegidos ante los robos por la desidia del Gobierno andaluz".

Para el también primer secretario de la Comisión de Agricultura en el Senado, "el sector agrícola es uno de los motores económicos, sociales y culturales de Córdoba", por lo que "el conjunto de las administraciones debe apoyar a los agricultores ya que gracias a su trabajo la agroindustria cordobesa es símbolo de crecimiento económico y motor de empleo", ha defendido.

Al respecto, ha destacado la creación de las patrullas ROCA de la Guardia Civil para "conseguir aminorar los robos en el campo y recuperar el fruto robado"; o "la reforma del Código Penal, con la que ya no existe falta de hurto, sino delito leve de hurto, la incorporación del delito agravado de receptación o el delito agravado de hurto, sancionado con pena de prisión de uno a tres años, cuando hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales".

A su juicio, dichas "medidas de prevención y seguridad no están completas", por "la falta de aprobación de la Junta de Andalucía del Registro de Explotaciones Agrícolas y Forestales de Andalucía", ha remarcado Fernando Priego.