Según se declara probado en la sentencia, el acusado, como administrador único de una entidad, venía explotando un club en Alhaurín de la Torre (Málaga) que en abril de 2013 "daba ocupación a 20 trabajadores, entre camareros, personal de limpieza y mujeres dedicadas al alterne a cambio de la correspondiente retribución".

Así, se llevó a cabo una inspección en el centro por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, junto con agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional.

Entonces, se comprobó, dice la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "14 de las empleadas en concepto de chicas de alterne presentes en ese momento en el local y desempeñando sus funciones no figuraban dadas de alta en la Seguridad Social al no haber sido comunicada la misma por el acusado".

De las empleadas, nueve eran españolas o extranjeras pero tenían permiso de trabajo. Por estos hechos se le condena por un delito contra los derechos de los trabajadores, expresando el acusado su conformidad con la acusación. Además de la pena de prisión y la multa se le impone el pago de 169 euros a la Seguridad Social como responsabilidad civil.

Asimismo, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un periodo de tres años, condicionada a no cometer delitos en ese tiempo y al pago de dicha responsabilidad civil.