La Comunidad va a incorporar un nuevo modelo laboral, el denominado teletrabajo, con el que se pretende mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos y poner en marcha nuevas formas de prestación de los servicios. Se trata de un programa piloto que se inicia a partir de mañana y que el Gobierno regional pretende implantar paulatinamente en toda la Administración regional.

Esta experiencia se enmarca en el nuevo modelo de Administración pública, basado en la Administración electrónica, que conlleva un nuevo modelo laboral dirigido a potenciar la fijación y el cumplimiento de objetivos y un cambio en la forma de relación con los ciudadanos. En este modelo, el teletrabajo será una forma habitual en el futuro.

La implantación de la nueva Administración digital se lleva a cabo mediante el progresivo cumplimiento de diferentes hitos. Así, este mes se ha hecho efectiva la firma y la notificación electrónica, obligatoria en la relación de la Administración con empresas, profesionales y asociaciones, según ha hecho saber el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En la fase piloto del proyecto podrán participar un máximo de 30 empleados cuyo puesto laboral y contenido permita que se desarrolle fuera de las dependencias de la Administración. Tendrán prioridad las mujeres embazadas, víctimas de violencia de género o de terrorismo.

Entre los beneficios que conlleva esta modalidad laboral, el consejero ha destacado "la mejora en la salud, satisfacción, productividad y eficiencia del trabajador, así como un mayor equilibrio entre su vida laboral y familiar". Además, la disminución de desplazamientos "permitirá una reducción de la siniestralidad laboral vial, además del cuidado del medio ambiente".

CARACTERÍSTICAS

Los empleados públicos que con carácter voluntario lo soliciten alternarán su presencia en el centro de trabajo con su desarrollo desde casa un máximo de tres días a la semana. La duración del servicio en esta modalidad será de seis meses, prorrogables hasta un año.

El personal seleccionado deberá cumplir los objetivos que se establezcan y será objeto de un seguimiento de su actividad por parte de sus responsables. Tendrá los mismos derechos y deberes que el resto de personal de la Administración pública, sin modificación en sus retribuciones, ni de oportunidades de formación, promoción profesional o acción social.

Los puestos susceptibles de teletrabajo son los relacionados con estudios, información y documentación, análisis y asesoramiento jurídico. Quedan excluidos los puestos asistenciales, sanitarios, educativos, los relacionados con las oficinas de registro, de atención directa al ciudadano, de dirección, de coordinación y supervisión, entre otros.

Una Comisión de Valoración y Evaluación a cargo de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios seleccionará al personal entre los solicitantes y determinará quiénes participarán en el proyecto. Esta comisión realizará un seguimiento del programa y una evaluación final del proyecto.

En esta primera fase el teletrabajo está dirigido a personal adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, adscritos a su Secretaría General, Intervención General, Dirección General de Patrimonio e Informática y Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

El objetivo, según Carrillo, es ampliar este proyecto a otros empleados de la Administración regional, aunque no ha determinado los plazos marcados ni el número de funcionarios que se podrían ver beneficiados. "Podríamos hablar de 500, pero es algo que tenemos que ver", ha concluido.