A su juicio, los argumentos presentados por el PP y PSOE quedan "desmontados" por el reciente informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que muestra que las instalaciones sin personal cumplen con todas las medidas de seguridad y atención que el cliente precisa, reguladas por las leyes de seguridad industrial vigentes.

Además, según fuentes de Urcacyl, no se tiene en cuenta el grave perjuicio que supone para las instalaciones ubicadas en el medio rural, mayoritariamente de titularidad cooperativa, que dan servicio no sólo a los socios de las mismas sino a toda la población de los pueblos de Castilla y León, ofreciendo un producto de calidad a un precio competitivo y en el lugar donde se precisa.

"PP y PSOE parece que se olvidan de las características de la dispersión geográfica de la región y de la falta acusada de todo tipo de servicios en los municipios rurales, que ahora se agravaría", critica Urcacyl, que considera especialmente grave que estos grupos políticos desprecien la especificidad de la actividad agraria, como la vendimia, la siembra o la recolección, que no puede detenerse en períodos nocturnos o en festivos, que para el campo no existen cuando se dedica a estas labores.

"La nueva normativa obligaría a cerrar las instalaciones en estos períodos de trabajo, obligando a realizar inconcebibles desplazamientos para obtener un suministro que ahora tienen cercano", lamenta.

OBJETO DE PRESIONES

En opinión de Urcacyl, la reforma obedece a que los grupos políticos llevan tiempo siendo presionados por ciertas asociaciones que pretenden, "no mejorar el servicio, sino eliminar un competidor, como son las cooperativas agrarias, que se instalan en lugares, como el medio rural, que estas mismas asociaciones mayoritariamente han rechazado por falta de rentabilidad, pero que las cooperativas, fieles a sus socios y a sus principios de mejora del entorno rural en el que se ubican, sí atienden con calidad, precio y servicio".

"Poco se han preocupado los partidos cuando estas asociaciones han eliminado cientos o miles de puestos de trabajo de las gasolineras de nuestra región en los últimos años, más ocupados en vender frutas, prensa o chucherías, que de suministrar carburante al cliente, a pesar de ser consideradas como instalaciones atendidas", censura Urcacyl, que espera que la reforma no se lleve a cabo y advierte de que en ese caso habría que cuestionar otros servicios a los consumidores, que carecen de personal atendiendo al público, como los de los cajeros automáticos de las oficinas bancarias o las máquinas expendedoras de billetes de trenes o autobuses.