En un auto emitido el 17 de agosto y recogido por Europa Press, el juez cita para este miércoles 5 de octubre a Rafael Blanco Guillén, padre de Rafael Blanco García, quien fuera responsable del área comercial de ACM, y a José Costillo, padre del exdirectivo Manuel Costillo. Al día siguiente, el jueves, cita a Andrés Pérez Pombo y Juan Carlos Ferrete García, proveedores de la mencionada empresa, citando en el mismo sentido, para el 16 de noviembre, a Juan Carlos Matoso García, Jesús Salvador Jurado Castaño y Santiago Vara Sedeño. En todos los casos, se les cita en calidad de investigados.

Para el 30 de noviembre cita a quienes fueran contable y director gerente de la empresa, Javier Luque y José Luis Díaz Aragón, respectivamente, mientras para el 1 de diciembre convoca al exdirectivo de ACM Manuel Costillo Domínguez y a Rafael Blanco García, quien fuese responsable del área comercial de la extinta sociedad. También se les cita en calidad de investigados.

En esta causa judicial, todo sea dicho, el juez instructor emitió un auto a comienzos del pasado mes de mayo, acordando "dar conocimiento y traslado de la presente causa a Antonio Gutiérrez Limones (entonces alcalde de Alcalá de Guadaíra y diputado del Grupo socialista en el congreso tanto en la anterior y efímera legislatura, como en la actual), para que se persone si así lo desea a los efectos de que pueda ejercer su defensa frente a los hechos que se le imputan, otorgándole la posibilidad de constituirse como parte y tome conocimiento de la misma".

Tras la emisión de dicho auto en un momento en el que mediaba "la pérdida sobrevenida de la condición de aforado de Gutiérrez Limones", porque habían quedado disueltas las Cortes Generales de cara a las siguientes elecciones, Gutiérrez Limones decidió dimitir como alcalde, alegando la "incompatibilidad" orgánica en la que había incurrido al simultanear los cargos de alcalde y de diputado, cargo que sigue ostentando con el consiguiente aforamiento.

EL CASO ACM DESDE EL PRINCIPIO

Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de la sociedad municipal ACM, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo, con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la posterior investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong

adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde.

El asunto supuso la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado inicial de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial reflejaba la localización de facturas por valor de 976 euros cargadas a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia. Viajes El Corte Inglés, encargada de gestionar el viaje, habría facilitado a los agentes "documento por el cual se identifica nominalmente a Antonio Gutiérrez Limones, acompañado de una señora y dos niños menores", como las personas que se alojaron en el citado hotel.

El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay "pruebas" de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal y niega las acusaciones, toda vez que el más reciente de los atestados de la Policía Judicial de la Guardia Civil da cuenta de que ACM encargó a diferentes proveedores trabajos o suministros "sin presupuesto previo" e incluso "sin contrato", incurriendo en un "incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público" tanto por este extremo como por una presunta "fragmentación" intencionada de su facturación.

EL ÚLTIMO ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL

En el citado atestado, recogido por Europa Press, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social "enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento", el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde "de forma indeterminada", toda vez que la jurisprudencia "es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad".

En el caso de ACM, según la Policía Judicial, "se amplió de forma indeterminada su objeto social" y "en multitud de ocasiones" esta empresa municipal era "una mera intermediaria entre el Ayuntamiento y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba".

"Todo ello (...) con la connivencia, visto bueno o dejadez de funciones de los órganos encargados de la ejecución, dirección o administración de ACM", opinan los investigadores, según los cuales al contemplar el objeto social "cuantas actividades o servicios coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de Alcalá de Guadaíra, fácilmente se podrá justificar el empleo de ACM para cualquier fin, es decir un comodín al servicio de quienes lo puedan manejar, que eran quienes tenían la mayoría en el pleno y en el Gobierno local".

EL PAPEL DE LIMONES

"Nunca debió ampliarse el artículo dos de los estatutos de ACM (relativo al objeto social) en los términos expresados, constituyendo su aprobación un acto irregular que facilitó la capacidad de maniobra de los administradores de la empresa pública para cometer los actos delictivos investigados, volviendo a tener Gutiérrez Limones un papel protagonista en esa ampliación de los estatutos, desde el momento en que esa medida fue aprobada por el órgano que presidía, es decir la junta general de ACM", resumen los investigadores.

Limones, de su lado, ha dicho a Europa Press que "nunca" perteneció al consejo de administración de ACM ni tiene "nada que ver con lo que ha sucedido con la gestión de esa empresa". Al respecto, ha defendido que él mismo, por "iniciativa" propia, envió "a la Cámara de Cuentas de Andalucía" las cuentas de ACM al tener conocimiento de "posibles irregularidades".