Erdogan continúa sus multitudinarias purgas contra policías, medios y funcionarios

Manifestantes protestan por el cierrre de la radio Özgür, el 04 de octubre de 2016. Desde el intento de golpe de Estado, decenas de cadenas de televisión y emisoras de radio han sido cerradas. Más de 100 periodistas han sido detenidos, 775 han visto cancelada su tarjeta de prensa y 2.300 han perdido su trabajo.
Manifestantes protestan por el cierrre de la radio Özgür, el 04 de octubre de 2016. Desde el intento de golpe de Estado, decenas de cadenas de televisión y emisoras de radio han sido cerradas. Más de 100 periodistas han sido detenidos, 775 han visto cancelada su tarjeta de prensa y 2.300 han perdido su trabajo.
EFE

Casi tres meses después del fallido golpe de Estado de julio, las purgas en el funcionariado de Turquía no han cesado y este martes fueron suspendidos casi 13.000 policías por posibles vínculos con la cofradía de Fethullah Gülen, a la que el Gobierno acusa de instigar la asonada.

Esta cifra se añade a los más de 130.000 funcionarios y empleados públicos que han sido suspendidos de sus cargos a raíz del golpe, según estimaciones difundidos por la cadena NTV.

Pero la purga no se para aquí: agentes de la policía han interrumpido este mismo martes la emisión de un canal de televisión de Turquía, IMC TV, crítico con el Gobierno, en plena emisión, para hacer cumplir el decreto de cierre anunciado el jueves pasado.

Desde que se implantó el estado de emergencia, más de 100 periodistas han sido detenidos, 775 han visto cancelada su tarjeta de prensa y 2.300 han perdido su trabajo, según han denunciado las organizaciones de la prensa turca.

De izquierda y pro-kurdos

Este martes, la policía entró a la redacción mientras IMC TV estaba informando sobre el cierre de otra emisora crítica, Hayatin Sesi TV, cuya redacción había sido cerrada y sellada poco antes por los agentes, informa el diario digital Diken.

Al igual que Hayatin Sesi TV, el canal IMC TV, que presta especial atención al conflicto kurdo de Turquía, se halla entre las 12 emisoras cerradas por decreto el jueves pasado, bajo la acusación genérica de "difundir propaganda terrorista".

Pero aunque en los meses anteriores el Gobierno decretó el cierre de numerosos canales y emisoras de radio vinculados al movimiento gülenista, las emisoras afectadas ahora no tienen vínculo alguno con la cofradía sino que se sitúan a la izquierda del espectro político, con simpatías por el movimiento marxista kurdo y la minoría aleví, considerada también de izquierdas.

Ya en febrero pasado, el operador de satélite turco Türksat había rescindido el contrato con IMC, alegando problemas de "seguridad nacional", pero el canal seguía emitiendo por el satélite Hotbird y por internet. Los doce canales fueron cerrados al amparo del estado de emergencia declarado el 20 de julio pasado a raíz del fallido golpe de Estado militar, que el Gobierno atribuye a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen.

Contra policías y militares

La policía turca contaba en 2015 con 244.000 agentes, por lo que los efectivos suspendidos este martes suponen más del 5 por ciento del total del cuerpo.

Además, este martes también fueron detenidos 21 militares en una base de la Fuerza Aérea de Konya, en Anatolia central, bajo la acusación de pertenecer al movimiento de Gülen y de "conspirar para obstaculizar la legalidad".

La cofradía de Gülen, fundada hace varias décadas, llegó a ostentar un enorme poder gracias a la colocación de sus miembros en puestos clave de la Policía y la Judicatura durante la década pasada, algo que hasta 2013 fue fomentado por el Gobierno, en manos del partido islamista AKP, de ideología similar.

Pero la lucha de poder desencadenada hace tres años ha llevado a enormes purgas en el aparato estatal, que se extendieron a todos los sectores del empleo público, especialmente al de la enseñanza, tras el fallido golpe de julio.

Las cifras oficiales hablan de 93.000 empleados públicos apartados del cargo temporalmente y 59.000 funcionarios expulsados de la carrera, según portavoces del partido socialdemócrata CHP, en la oposición, aunque advirtieron que los datos son "confusos".

Académicos, jueces, fiscales...

Del ejército fueron expulsadas 3.500 personas, y la misma medida se ha tomado contra 4.200 académicos, de los que 2.340 ya han sido destituidos, al igual que 3.400 jueces y fiscales.

Aparte de las detenciones individuales, el Gobierno ha cerrado mediante decreto 35 instituciones del sector de la salud, más de mil del de la enseñanza, 800 hogares de estudiantes, 15 universidades, 129 fundaciones, 1.125 asociaciones, 19 sindicatos, 23 emisoras de radio, 45 periódicos y 29 editoriales, según los datos oficiales.

Un dato manejado por el Gobierno turco para detectar a gülenistas es el uso de una aplicación de telefonía móvil para enviar mensajes encriptados, denominada 'Bylock' y supuestamente desarrollado específicamente para el uso de los miembros de la cofradía. Se ha detectado el uso de esta aplicación por parte de unas 55.000 personas, según asegura la prensa turca.

El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, confirmó la semana pasada que la Fiscalía ha abierto diligencias contra 70.000 personas y que unas 32.000 están en prisión preventiva, esperando juicio.

"Estas cifras son algo inauditas para alguien que ha vivido ya dos golpes militares anteriores", ha denunciado Kemal Kiliçdaroglu, jefe del partido CHP, el mayor de la oposición, que ha acusado al Gobierno de usar la asonada "con fines oportunistas". "No están luchando contra el golpismo, se están vengando de los gülenistas", aseguró.

Pero agregó que el estado de emergencia, proclamado en julio pasado, también se utiliza ahora para acallar a académicos, periodistas y medios críticos con simpatías por el movimiento marxista kurdo, sin relación alguna con la asonada.

El Gobierno "se aprovecha del golpe para hacer todo lo que no podría hacer en un Estado normal. Es inaceptable", dijo Kiliçdaroglu.

Subrayó que la situación de los detenidos o simplemente acusados es preocupante porque a menudo se les confiscan sus propiedades y se les bloquean las cuentas, pero también por el ostracismo popular que sufren al saberse que son sospechosas de "traición".

El político aseguró haber recibido 30.000 quejas de ciudadanos afectados y relató el caso de un chico de 15 años que intenta trabajar para mantener a su madre y hermanos, pero al que despiden de los trabajos que encuentra cuando se enteran de que su padre es un policía expulsado del cargo por sospecha de vínculos gülenistas. "Es un drama humano", aseguró Kiliçdaroglu.

Agregó que incluso los diputados del partido gubernamental AKP, incluido el primer ministro, Binali Yildirim, son conscientes de la situación pero que no pueden denunciarla por miedo a ser ellos mismos tildados de "simpatizantes de Gülen", un sambenito difícil de colgar a los socialdemócratas de convicciones laicas.

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