En una nota, el sindicato lamenta que "han transcurrido ya más de tres años", si bien apunta que "con que las empresas justifiquen mediante documento de cobro dichas cantidades, estaría probado que efectivamente han abonado dichos atrasos", pero "como no lo pueden hacer, quedará probado que efectivamente tienen que abonar dichas diferencias".

No obstante, CTA indica que "el problema es que para llegar hasta aquí, la juez suplente de dicho Juzgado en el año 2013, denegó al sindicato la legitimidad para poder interponer dicha demanda", decisión que se recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y esto retrasó el proceso un año, hasta que el Alto Tribunal dio la razón a CTA y "ordenó al Juzgado a entrar en el asunto".

Al respecto, señala que "para pedir una miseria de atrasos, que en algunos casos no van a ser superiores a 20 o 30 euros o incluso menos, para defender los derechos de los trabajadores a los que los patronos no les han pagado", el sindicato ha tenido por parte de la judicatura "todos los impedimentos del mundo, hasta llegar a la vista oral e intentar entrar en el asunto".