Así lo ha explicado este lunes el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien ha comparecido ante la comisión del ramo para informar acerca del cumplimiento de la Moción 9/X, de 13 de noviembre de 2015, adoptada por el Pleno de la Junta General, sobre política en materia de seguridad y, la seguridad en los centros de menores y otras dependencias titularidad del Principado de Asturias.

La citada fecha del 1 de enero de 2017 sería la de entrada en vigor del nuevo pliego de condiciones para la contratación de la Seguridad en el centro de menores de Sograndio. El mismo incluirá cláususlas relacionadas con el respeto a los derechos de los trabajadores, la lucha por la igualdad de género o la inclusión en la plantilla de un mínimo de personas discapacitadas.

También ha adelantado el consejero que el criterio económico a la hora de realizar la adjudicación no contará más de un 55% en la nota final del concurso, evitando de esta forma que el criterio principal, o incluso el único, a la hora de realizar la concesión, sea el de la oferta más barata.

Martínez ha señalado que este pliego de Sograndio será el documento tipo en el que se tendrán que basar progresivamente todos los contratos que firme el Principado en materia de seguridad de sus instalaciones. Actualmente, según los datos que ha ofrecido, el Ejecutivo mantiene firmados un total de 19 contratos de seguridad con ocho empresas, que afectan a 105 edificios autonómicos, e incluyen 219 vigilantes.

Tras la exposición del consejero y sus respuestas a las preguntas de los diputados, los grupos de PP, Podemos y Foro Asturias han considerado incumplida la moción aprobada en diciembre de 2015, y en la que se reclamaba la inclusión de esas cláusulas sociales. Los tres grupos han criticado que tras aquella votación, el Gobierno haya prorrogado o firmado nuevos contratos que no incluyen esas cláusulas, incluso basándose, en algún caso, en el único criterio de la oferta más barata.

El consejero se ha defendido, recordando que el proceso no se hace "de un día para otro", y que la redacción del nuevo pliego tipo de condiciones, redactado para Sogrando, está llevando muchos meses de trabajo. Ha recordado además que en algunos contratos firmados desde la aprobación de la moción sí se han incluido algunas cláusulas sociales, siempre atendiendo al criterio de los servicios jurídicos del Gobierno autonómico.