Según el escrito inicial de la Fiscalía, la mujer trabajó como personal laboral desde 2001, desempeñando tareas de administrativa en el Departamento Financiero de la televisión local, y era "la única persona que tenía conocimiento completo de las claves de las cuentas" de la entidad "y libre acceso a éstas".

Así, de 2009 a 2012 "realizó numerosas transferencias bancarias desde la cuenta de la televisión a las suyas personales y de su núcleo familiar", según sostenía la acusación pública, que fijaba esa cantidad en unos 30.600 euros.

La mujer confesó en octubre de 2012 los hechos de forma espontánea ante el director de la televisión, considerada "integrada en la administración pública local siendo, por ende, su capital público".

El fiscal pedía inicialmente tres años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de confesión, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo de dos años de prisión y el pago aplazado en 60 mensualidades de las cantidades que le restan por pagar del dinero que transfirió.

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