En este sentido, el delegado sindical del SAT en la Hispalense, Jesús Castillo, ha precisado a Europa Press que algunos sindicatos incluidos en la Junta de Personal van a solicitar un informe jurídico para ver si existen argumentos que respalden la tesis de "represión sindical", y ha precisado que la intención del órgano, si el rector no se "aviene a razones", es trasladar el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, e incluso "más allá", en alusión a los tribunales.

Y es que a nivel de política universitaria, según Castillo, está "claro" que la decisión del equipo de gobierno de la sede académica, con la supresión de la lista "con nocturnidad y alevosía", no tiene "ni pies ni cabeza".

En la notificación vía e-mail enviada al administrador de la lista se informa de que la decisión es tomada a instancias de un informe de la Secretaría General de la Hispalense y en el que se considera la actuación del administrador como "mala praxis" en la gestión de una lista de distribución.

"El sistema de suscripción no se ajusta ni a lo previsto para las listas de información sindical ni a la opción elegida por el solicitante/administrador: en una y otra modalidad, la suscripción debe ser voluntaria", subraya el informe, que cree que la denominación otorgada induce a "confusión" en los receptores, aludiendo a la proximidad de denominación con la de listajpdi@us.es.

Por otro lado, en una próxima reunión de la Junta de Personal se llevará el plan de promoción, estabilidad y recuperación del empleo para el PDI impulsado por el SAT, para tratar "con calma" los temas que se llevarán a la mesa de negociación del personal docente e investigador (PDI) -cuya próxima sesión está convocada para este viernes 7 de octubre-, y que hasta ahora ha sido "un muro", algo que "esperamos que cambie, con una mayor receptividad, porque si no habrá que volver a las movilizaciones".

Según los datos que maneja la central, la US ha perdido más de 500 puestos de PDI debido, principalmente, a jubilaciones no cubiertas por las restricciones en la tasa de reposición, al aumento de la carga docente hasta 320 horas, a la disminución del número de becarios, a una caída en los contratos asociados al Capítulo VI por la caída de proyectos de investigación y a la no renovación de profesorado asociado e interino. Al ritmo actual, "se tardaría más de 30 años en alcanzar los niveles de plantilla anteriores a los recortes que se ejecutaron utilizando la crisis económica como excusa".

Por otro lado, mucho PDI de la Hispalense sufre "altos" niveles de precariedad laboral, especialmente en las figuras de PDI interino, asociado, postdoctoral y contratados por el Capítulo VI, a lo que se suman figuras que, "directamente, incumplen el convenio colectivo, como las de PDI externo".

Subrayan que hay unos 100 profesores ayudantes doctores acreditados a contratado doctor, cerca de 200 PDI contratados doctores acreditados para titular de universidad y cerca de 130 titulares acreditados a catedráticos, promoción se ha visto "imposibilitada, incumpliendo el I Convenio Colectivo del PDI de las Universidades Públicas Andaluzas y rompiendo con el derecho básico de promoción profesional del empleado público".

Por ello, el SAT presenta un plan para el periodo 2017-2020 que incluye entre sus reivindicaciones pasar de tasa de reposición a tasa de recuperación del empleo, superior al 100 por ciento, y que ningún PDI imparta más de 240 anuales de docencia presencial anual; la recuperación de las convocatorias de plazas de ayudante, conjuntamente con la convocatoria de plazas de profesorado ayudante doctor por necesidades docentes e investigadoras en los próximos cuatro años, a razón de 150 plazas por año -un total de 600 plazas-; la promoción del PDI predoctoral (becarios) -mediante las convocatorias de plazas de profesorado ayudante y contratos puente- y posdoctoral; la puesta en marcha de un programa de normalización para el PDI asociado e interino; o la activación de un premio de jubilación que la incentive a partir de los 59 años sin pérdidas salariales para el conjunto del profesorado permanente ni de cotización y pensión hasta los 70 años.