Allué (PAR) propone dar bonificaciones fiscales a los sectores empresariales más afectados por la economía sumergida

  • La diputada autonómica del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha propuesto este lunes, en una proposición no de ley que tramitarán las Cortes autonómicas, incentivar mediante bonificaciones fiscales "a aquellos sectores empresariales más acusados por el fraude de la economía sumergida". Ha defendido que esta es "una de las medidas que podrían ayudar a las empresas aragonesas a ser más competitivas, a la vez que se lucha contra el fraude".
Rueda de prensa del PAR
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EUROPA PRESS/REMITIDO
Rueda de prensa del PAR

"Lo que queremos es que no se castigue y que aflore la economía sumergida", de forma que quienes presenten facturas en su IRPF puedan acceder a determinadas bonificaciones, ha indicado en rueda de prensa. Si aflorara "podríamos solucionar el déficit de todas las comunidades, acabaríamos con la emergencia social, incentivaríamos el empleo", ha dicho Allué.

Se trata de "acabar con esa pregunta de 'con IVA o sin IVA", ha planteado Allué, indicando que tienen la misma responsabilidad quien contrata un servicio que quien lo presta.

"Queremos que nuestras empresas sean más competitivas y eso se hace combatiendo la economía sumergida", insistiendo en que las empresas aragonesas están en una situación de "clara desventaja" respecto a otros territorios

Además, ha dicho que el fraude laboral alcanza en el conjunto de España a cuatro millones de empleos, 1,3 millones de personas en el caso del empleo sumergido directo, recalcando que "la responsabilidad es tanto del empleador como del empleado". Ha llamado la atención sobre los sectores más castigados, como el empleo doméstico y los vinculados a la atención a la dependencia y la reforma de viviendas.

Se ha remitido al Informe FUNCAS 2011 sobre la estimación del volumen de la economía sumergida en España entre 1980 y 2003 para destacar el "notable" crecimiento de la economía sumergida en este período debido "al crecimiento de la carga fiscal", unido a "cierta tolerancia" hacia las actividades irregulares. En esta franja temporal "el PIB se multiplicó por 2 y la economía sumergida por 4, pasando de porcentajes inferiores al dos por ciento a porcentajes cercanos al 24 por ciento". Algo que podría explicarse como una "válvula de escape" en situaciones de recesión.

Según datos de la CEOE, hay un porcentaje muy alto de la actividad española, recuerda Elena Allué, que algunos analistas cifran en el 20 por ciento y otros incluso en el 25 por ciento, que "se desarrolla en negro", por lo que se hace necesario "facilitar incentivos para convencer a aquellos que lo practican de que debe regularizarse". "En España es un 0,6 por ciento superior al de la media de la Unión Europea, pero muy superior al de países como el Reino Unido (9,7 por ciento), Francia (9,9 por ciento) o EEUU (6,6 por ciento)".

REFORMA TRIBUTARIA

Ha señalado que, en materia fiscal, "hoy más que nunca" el Gobierno autonómico "necesita pactar" con la oposición las medidas que favorezcan el crecimiento económico, al estar "en una posición débil y en minoría" que le dificulta aprobar una nueva Ley de Medidas Tributarias y los Presupuestos.

Ha considerado que la normativa tributaria aprobada en 2016 "ni ha solucionado el problema de la emergencia social ni ha servido para crear empleo ni garantizar los servicios mínimos en el territorio ni para contener el déficit", subrayado que el único fin ha sido "puramente recaudatorio" y ha dañado a la competitividad de las empresas.

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