Merced al contenido de tales informes, según han informado a Europa Press fuentes del caso, el Alto Tribunal andaluz ha emplazado a las partes en liza a que soliciten una vista pericial con los autores de los citados informes técnicos si así lo estiman necesario, estipulando para ello un plazo de varios días, para que cada una de las partes se pronunciase.

Así, avanza en el plano judicial el conflicto desencadenado en Alcalá de Guadaíra a cuenta de la iniciativa promovida por la citada planta cementera, para incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible, toda vez que la organización ecologista Alwadi-Ira ha impugnado ante el TSJA la decisión de la Junta de Andalucía de modificar la autorización ambiental unificada (AAI) de la cementera, precisamente para permitir tal extremo.

"Esa autorización ambiental unificada tiene un montón de fallos, carece de importantes documentos y tenemos discrepancias sobre los valores límite de emisión", manifestaba al respecto el portavoz ecologista Francisco Gavira, en declaraciones a Europa Press, exponiendo que los ecologistas cuentan con "fundamentos muy sólidos" e informes periciales, para pensar que su impugnación puede derivar en la "anulación" de la citada modificación de la autorización ambiental unificada de la cementera.

VERTIENTE URBANÍSTICA

En paralelo, la empresa anunciaba posibles acciones legales contra la operación promovida por el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE), para modificar sus normas urbanísticas y establecer unas "distancias mínimas" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable", lo que en la práctica implica un bloqueo de las pretensiones de la cementera. Esta operación implica, además, "la suspensión por plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contaría con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

La empresa Cementos Portland, de su lado, expone que prevé invertir dos millones de euros en implementar en su fábrica un sistema de valorización energética de residuos, aspecto que tienen 28 de las 33 plantas que la cementera tiene en España. La compañía justifica esta medida en "el abaratamiento en los costes de producción" y augura una mayor actividad económica fundamentalmente en la comarca, "contribuyendo al desarrollo del sector del reciclaje".