Fuentes de CCOO han explicado a Europa Press que el caso se denunció a finales de 2014 a nivel administrativo y penal y recientemente se ha conocido la cuantía de la sanción administrativa, cercana a 500.000 euros.

A finales de 2014, la Unión Provincial de CCOO de Sevilla denunciaba la situación de "explotación generalizada y sistemática" que sufre el campo sevillano.

En particular, la entonces secretaria general del sindicato provincial agroalimentario de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, precisaba entonces que "una llamada anónima, desde un número oculto, de una señora que no se quería identificar y a la que el miedo se la comía" la alertó sobre una posible situación de explotación laboral. CCOO puso el caso en conocimiento de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, que abrieron diligencias tanto administrativas como penales.

Vega desvelaba entonces que "alrededor de 50 mujeres" estaban "trabajando en dos naves industriales haciendo aderezo de aceitunas en Arahal, sin estar dadas de alta, cobrando lo que quisieran pagarle" y, en el caso de que pasara por allí alguien "raro, llámese de la Inspección de Trabajo, las hacían callarse y esconderse en contenedores de una fábrica abandonada de al lado". Además, según la sindicalista, "cuando sale el encargado cierran la puerta por fuera para que no puedan abrir si llama alguien".

Vega resaltaba entonces que la "nave es de tipo industrial y no está acondicionada ni tiene medidas contra riesgos laborales ni tiene nada para considerarse centro de trabajo".

Según la secretaria general del sindicato provincial agroalimentario de CCOO de Sevilla, a las mujeres les pagan "poco más que peonadas del campo, a pesar de que estamos hablando de una nave industrial acogida al régimen general". Para la sindicalista, "esto ya es esclavitud. Las condiciones son infrahumanas", decía entonces.

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