Según las conclusiones provisionales del ministerio público, la mujer trabajó como personal laboral desde 2001, desempeñando tareas de administrativa en el Departamento Financiero de la televisión local, de forma que le correspondía llevar la contabilidad y realizar los pagos a acreedores.

Era "la única persona que tenía conocimiento completo de las claves de las cuentas" de la entidad "y en consecuencia libre acceso a éstas", dice el fiscal, que añade que valiéndose de esto, de 2009 a 2012 "realizó numerosas transferencias bancarias desde la cuenta de la televisión a las suyas personales y de su núcleo familiar".

El importe total fue de 30.600 euros. La acusada, según señala la acusación pública, confesó en octubre de 2012 los hechos de forma espontánea ante el director de la televisión, un entidad considerada "integrada en la administración pública local siendo, por ende, su capital público".

Por esto, el fiscal le acusa de un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de confesión, solicitando de forma inicial que se le impongan tres años de cárcel, seis años de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con la administración de caudales o patrimonios y el pago de 30.600 euros a la televisión local.

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