Al menos 52 personas han muerto en Bishoftu, Etiopía, durante la celebración religiosa de Irrechaa —el equivalente al día de Acción de Gracias oromo— debido a una estampida, según ha confirmado la televisión estatal, EBC. Fuentes de la oposición elevan a más de un centenar el número de muertos y denuncian que la Policía empleó gas lacrimógeno y fuego real.

"Los actos malvados manejados por fuerzas irresponsables para con el pueblo y la cultura de los oromos han generado violencia durante una celebración con participación de oromos de todo el país y del extranjero", ha informado el gobierno regional de Oromia, según recoge la EBC.

Las autoridades aseguran que han "tolerado" y adoptado la "máxima precaución" y aún así "estas fuerzas han interrumpido las celebraciones en una falta de respeto al pueblo y a los Aba Gadas", los notables omoros considerados afines al Gobierno. El gobierno regional destaca que las muertes se han producido debido a la estampida humana, no por acción de las fuerzas de seguridad "como informan ciertos medios de comunicación".

Un activista que se encontraba en el lugar de los hechos y que prefirió mantener el anonimato explicó que la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, lo que provocó el pánico entre la multitud. "La gente empezó a correr y algunos cayeron en zanjas de unos 15 metros de profundidad. Otros cayeron unos encima de otros, lo que empeoró la situación", relató este testigo, que aseguró que al menos una veintena de personas murieron en el acto.

Sin embargo, fuentes médicas han disparado esa cifra. Según el medio local Oromia Media Network, los hospitales de Bishoftu han confirmado que han recibido 120 cadáveres, a los que habría que sumar otros 175 fallecidos en hospitales de la capital del país.

Los disturbios han ocurrido durante la festividad religiosa de Irreecha, la gran ceremonia anual de los Oromo, el mayor grupo étnico del país que lleva meses protestando por lo que considera una persecución injustificada por las autoridades etíopes.

Desde noviembre de 2015, Etiopía ha registrado una ola de protestas sin precedentes por todo el país y más de 500 personas han muerto como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad en las regiones de Oromia, en el centro sur del país, Amhara, en el norte, y Konso, en el sur.

Las manifestaciones se originaron tras la aprobación de un plan urbanístico para expandir Adis Abeba, lo que puede poner en peligro las tierras de cultivo de los oromo, un pueblo tradicionalmente agrícola y seminómada, aunque finalmente el Gobierno decidió retirarlo.

Protestas similares se registraron en abril de 2014, cuando también se produjeron muertes, heridos y detenciones masivas de manifestantes.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado en repetidas ocasiones que el Gobierno etíope detiene de forma periódica a intelectuales y figuras prominentes entre los oromo porque teme que su influencia política puede animar a la población a revelarse contra la administración.

En medio de esta ola de protestas, el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, anunció que su Gobierno había ordenado al Ejército y al resto de fuerzas de seguridad que "tomen todas las medidas necesarias para restaurar la paz y el orden".

Organismos como la Unión Europea han instado al Gobierno de Etiopía a utilizar los mecanismos constitucionales vigentes para alcanzar una solución pacífica en este conflicto.