Isabel Ambrosio con Valeriano Lavela
Isabel Ambrosio con Valeriano Lavela EUROPA PRESS

En este sentido, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha defendido que "las razones que justifican la adopción del acuerdo vienen precedidas por razones de estricto interés público y no de perjuicio de los intereses municipales, que solo pueden ser determinados por la voluntad política de los legítimos representantes de la ciudadanía".

Además, ha recordado que "el propio acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2015 que aprobó la separación del Ayuntamiento del Consorcio fue por mayoría simple de 14 votos", de modo que ha subrayado que "basta con mayoría simple", y ha aclarado que el informe del secretario del Pleno "en ningún caso es vinculante".

Por su parte, el secretario del Pleno ha manifestado que "la propuesta que se trae a votación infringe y vulnera y, por tanto, no se adecua a la normativa vigente", según hace constar en informe jurídico de 29 de septiembre y que "ha sido remitido a todos los grupos políticos municipales", a lo que añadido que "el 'quorum' mínimo legal necesario para entenderse aprobada la propuesta es de dos tercios del número de miembros", de forma que "harían falta para prosperar 19 votos afirmativos".

En concreto, el primer teniente de alcalde y delegado de Turismo, Pedro García (IU), quien ha dicho que asume "la responsabilidad política" en este caso, ha declarado que "es una situación muy compleja desde el punto de vista administrativo, no político, donde desde el principio teníamos claro que había que llegar al acuerdo de la disolución del Consorcio de Turismo".

De hecho, ha agregado, "así desarrollamos todos los trámites político-administrativos para su disolución y la creación de un nuevo órgano", al tiempo que ha indicado que "surgió el problema del personal, con diferentes versiones técnicas de cómo los trabajadores tenían que incorporarse al Ayuntamiento o algún ente instrumental que se cree para la gestión del Turismo".

Al respecto, ha comentado que ha habido "informes de todos los tipos", y, en este caso, "se ha intentado, dentro de lo que es lo mejor para los trabajadores, dejar el Consorcio en disolución hasta el primer trimestre de 2017", aunque ha manifestado que "ojalá sea a finales de diciembre", todo ello hasta que "esté el nuevo ente de gestión del turismo donde se decida cómo se va a gestionar el turismo en los próximos años y que los trabajadores se incorporen a ese nuevo ente".

Entretanto, ha asegurado que están "cansados de recibir informes que trasladan una cuestión u otra o una amenaza", a la vez que ha aseverado que está "tremendamente tranquilo en el sentido de que políticamente se ha hecho siempre lo que técnicamente han dicho que se tenía que hacer, que era disolver el Consorcio de Turismo".

También, García ha puntualizado que "incluso un informe de la Cámara de Cuentas apostilla esa decisión tan importante que se toma, que era lo que había que hacer y además cuanto más urgente fuera mejor", al tiempo que ha afirmado que le "preocupa el tema de los trabajadores", de ahí que se tome "una decisión que viene muy a avalada desde el punto de vista técnico, por la letrada jefe de la asesoría jurídica", por lo que no ve "ninguna inseguridad jurídica, ni nada".

"VELAR POR LOS TRABAJADORES"

Mientras, la portavoz del PSOE, Carmen González, ha expresado que "se viven situaciones un poco singulares", con los informes técnicos y que "se está intentando condicionar las posiciones políticas de los grupos municipales, hasta el punto que rayan la extrañeza".

No obstante, ha declarado que el equipo de gobierno ha intentado "buscar una salida donde se tengan en cuenta, tanto las recomendaciones que se hacen por la Cámara de Cuentas", como "velar por los derechos de los trabajadores y los intereses del Ayuntamiento".

Asimismo, ha precisado que "hay que respetar" la labor de "la comisión que se acordó en Pleno para estudiar el nuevo ente", que tendrá "un tiempo prudencial para poder terminar su trabajo exhaustivo", de manera que "cuando terminen, se pondrá en marcha el nuevo ente y los trabajadores podrán seguir con sus labores".

Igualmente, el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos ha opinado que "ya es hora de darle una solución definitiva, tanto a los intereses del Ayuntamiento, como a los trabajadores", a la vez que ha apostillado que "la historia del Consorcio es una historia a revisar, porque desde el principio es algo que no ha funcionado y que probablemente no debía ni siquiera haber existido como tal".

De igual modo, ha remarcado que la solución que propone la asesoría jurídica es "correcta" al "dar una salida viable, tanto unos intereses, como a otros", con "la cesión a un nuevo ente que debería estar constituido antes de marzo de 2017", de manera que supone "el tiempo suficiente", mientras que "los trabajadores siguen cobrando y no pierden derechos", antes de "integrarse en el nuevo ente". "Tienen que tomar la decisión los políticos y no los técnicos", ha zanjado.

ABSTENCIÓN DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a la oposición, que se ha abstenido, el portavoz del PP, José María Bellido, ha mantenido que la situación es de "absoluta inseguridad jurídica, en un expediente con agujeros, donde hay propuestas contradictorias y la última novedad es el informe del secretario general de Pleno", que "advierte de la ilegalidad de los acuerdos, incluso de responsabilidades de todo tipo".

A su juicio, "alguien debe explicar por qué se ha llegado hasta aquí", dado que van "nueve meses desde que se inició el expediente, que nació sin ningún inconveniente, en el seno del Consorcio de Turismo se elevó al Ayuntamiento con todos los informes favorables, y es el Ayuntamiento el que empezó a discutir su propio criterio, fundamentalmente en materia de personal", con "una diferencia insalvable en el equipo de gobierno que provocó retrasos", ha apostillado, quien ha valorado que "cualquiera de las decisiones tomadas garantiza la subrogación de los trabajadores".

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, ha manifestado que en diciembre del año pasado el Consorcio quedó "legalmente disuelto", pero desde dicho mes "no se ha hecho absolutamente nada y ahora se busca una solución que es ilegal, según el secretario del Pleno". También, ha advertido de "la incertidumbre" para los empleados y "el penoso trasiego de informes".

Y el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha lamentado que se trata de "un problema con una inseguridad jurídica con repercusiones desconocidas", a la vez que ha apuntado a "los términos bastante fuertes del secretario, con la posibilidad de ir a la Fiscalía", y ha criticado "la poca transparencia con los grupos de la oposición".

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