El Gobierno ha informado de que los tres preceptos en cuestión -referidos a los artículos 32.2, 33 y 34- están vinculados con el cálculo de la retribución del servicio en el sector eléctrico.

En concreto, regulan aspectos como el tratamiento de las solicitudes de potencia eléctrica de los operadores económicos en suelos industriales, los cobros por equipos de medida con capacidad para la telemedida y la telegestión, y el régimen de la obligación de facturación con base en consumos reales y sus excepciones.

El recurso se plantea por motivos competenciales al considerar que "no se respeta el orden" de distribución de competencias.

El Gobierno defiende que, al tener dicha regulación efectos en el régimen económico del sector eléctrico, "corresponde al Estado su regulación". Además, sostiene que la regulación de los preceptos impugnados "contradice lo dispuesto en las normas que, en desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, se han dictado en relación con los aspectos citados".

El recurso se eleva con invocación del artículo 161.2 de la Constitución con el fin de obtener la suspensión de los preceptos impugnados.

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