El consejero de Empleo y los agentes del Diálogo Social firman el acuerdo
El consejero de Empleo y los agentes del Diálogo Social firman el acuerdo EUROPA PRESS

En concreto, esta fórmula de autorregulación de los conflictos laborales de carácter individual echará a andar en Valladolid, donde se ubica la sede del Serla y los servicios centrales de la Junta, de la patronal y de los sindicato, y llegará al resto de las capitales de provincia y a Ponferrada -ciudades que cuentan con Juzgados de lo Social- a lo largo de 2017 tras un periodo de evaluación del sistema para conocer los aciertos y los errores de la implantación del nuevo servicio en Valladolid, donde se prevé un periodo transitorio de dualidad entre Serla y Oficina Territorial de Trabajo hasta el 1 de enero.

Así lo ha explicado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en la firma del acuerdo tripartito entre Junta, Cecale y sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) que impulsa este sistema de conciliación, mediación y arbitraje extrajudicial de los conflictos individuales sin reclamación económica en la primera comunidad autónoma sin competencias de Justicia.

Además, las partes han acordado incluir en la resolución de estos conflictos laborales individuales los derivados de problemas de adicción a drogas y alcohol, "un problema de fondo en el mundo del trabajo" para el que han abogado por un tratamiento específico para remitir al afectado a un servicio especializado y darle una oportunidad para rehabilitarse y no ser despedido.

Tanto el consejero como los representantes de la patronal, Javier Cepedano, y de los sindicatos, Evelio Angulo y Vicente Andrés, han coincidido al destacar la máxima importancia de esta herramienta de desjudicialización de los conflictos individuales ya que permitirá agilizar trámites, ganar tiempo y reducir costes, tanto en el ámbito de la Justicia como para los propios interesados que no se verán obligados a acudir a los tribunales con las consecuentes costas.

Tanto la Junta como los agentes del Diálogo Social han descartado que el nuevo sistema de conciliación, mediación y arbitraje de los conflictos individuales a través del Serla sea una privatización de la Justicia, "sino más bien todo lo contrario", ya que va a ser un "gana a gana para todos" puesto que una "parte relevante" de los conflictos no va a llegar a juicio y se podrá resolver con la mediación de los conciliadores de patronal y sindicatos que se han "corresponsabilizado" para sacar adelante este proyecto.

"Vale más un mal acuerdo que un buen pleito", han defendido todas las partes en la firma de un acuerdo que "se ha cocido a fuego lento" para conseguir dar "pasos firmes y seguros" en el objetivo de incluir los conflictos individuales en la intermediación del Serla que, desde su constitución hace hoy 20 años, se ha centrado en la medicación en conflictos laborales colectivos.

El secretario de Acción Sindical de CCOO ha reclamado una solución para trasladar este nuevo servicio del Serla a las localidades burgalesas de Aranda de Duero y de Miranda de Ebro, donde no hay juzgados de lo social, y ha abogado por dar pasos en una segunda fase en 2018 para completar la intermediación a los conflictos individuales con reclamación económica.

Según los datos aportados por el consejero de Empleo, la Junta de Castilla y León asumirá el próximo año un coste aproximado de un millón de euros para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de conciliación para conflictos individuales, una cantidad que trata de negociar ya con el Ministerio de Justicia para que asuma el coste íntegro o en una parte relevante ante el mayor ahorro que tendrán los tribunales.

En estos momentos, se está formando a 36 profesionales que actuarán de mediadores-conciliadores y que han sido designados por UGT, CCOO y Cecale (18 la patronal y 18 los sindicatos). En este sentido, la Consejería de Empleo garantizará la financiación de los costes de funcionamiento que incluye el incremento de medios humanos y materiales en el SERLA -dos técnicos y un auxiliar o un técnico y un auxiliar, en función de las provincias- y la compensación correspondientes a los mediadores-conciliadores.

Las partes han rechazado que vaya a haber destrucción de empleo y han defendido que los funcionarios de las oficinas territoriales de trabajo se descargarán de funciones, al igual que los funcionarios de la justicia que podrán desbloquear otros asuntos.

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