Alicia García (I) y María Lourdes Rodríguez (D) firman el protocolo
Alicia García (I) y María Lourdes Rodríguez (D) firman el protocolo EUROPA PRESS

Los diez fiscales especializados en violencia de género de Castilla y León tendrán a partir de ahora acceso directo a los datos de los Servicios Sociales de la Comunidad que precisen para poder adoptar las medidas pertinentes en cuanto a la protección de las víctimas, lo que supondrá un "considerable" ahorro de tiempo y de trámites al no tener que acudir al juez para que este elevara un requerimiento a la Administración, como ocurría hasta este momento.

Así lo ha explicado la fiscal superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, quien ha recordado que habitualmente estos trámites podían suponer hasta una semana de demora, mientras que ahora el acceso a la información "será inmediato", algo "fundamental" en casos en los que es necesario dictar una orden de protección, lo cual se debe realizar "en un máximo de 48 horas desde la presentación de la denuncia".

Rodríguez ha sido la encargada, en nombre del Ministerio Fiscal, de firmar el protocolo con la Junta de Castilla y León para reforzar su colaboración mediante este sistema unificado de información.

Por su parte la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha aclarado que, a pesar de que el acto de firma se ha celebrado este viernes, el protocolo "ya está en marcha", de modo que los fiscales cuentan con una clave de acceso para consultar esta información.

En concreto, los fiscales dispondrán del informe de valoración de la situación de violencia de género elaborado por los profesionales sociales, información sobre los recursos de la Comunidad para las víctimas y la historia social de las víctimas. Al mismo tiempo, se establece un compromiso de formación continua e todos los profesionales implicados.

En declaraciones recogidas por Europa Press, García ha enmarcado este protocolo en la estrategia integral 'Objetivo Violencia Cero' que pretende proporcionar a las víctimas una protección personalizada, mejorar la respuesta de las instituciones y optimizar recursos.

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un Plan de formación para 850 profesionales de las corporaciones locales y, en lo que respecta a próximas actuaciones, se prevé elaborar protocolos de detección y atención inicial a víctimas de violencia de género en diversos ámbitos, para institutos y universidades, para los servicios sanitarios, para el teléfono de atención 012, el 112 o las entidades del tercer sector, y dirigir actuaciones a la colaboración y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Delegación del Gobierno de Castilla y León, tanto a nivel tecnológico para establecer sistemas de información compartidos de los respectivos sistemas de gestión, como a nivel organizativo.

Por su parte, María Lourdes Rodríguez ha destacado el "esfuerzo" de todos los fiscales para desarrollar el protocolo rubricado este viernes y ha enfatizado los tres "aspectos fundamentales" del mismo, como son "coordinación, información y formación".

En este sentido, ha admitido que "hay muchos recursos que funcionan bien", pero es "necesario evitar la dispersión y centrar esfuerzos", tras lo que ha subrayado que el acceso de los fiscales al expediente social de la víctima es "muy importante" para la labor diaria de protección a las víctimas y la persecución del delito.

OBJETIVO VIOLENCIA CERO

El modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero' plantea un enfoque de trabajo en red para dar una respuesta individualizada, inmediata y adecuada a las necesidades de cada mujer afectada, de forma que garantice su seguridad y su autonomía, junto con sus hijos y otras personas de ella dependientes.

A través de este modelo integral, la Red de 14 centros de acogida y tres centros de emergencia atendió a 461 personas y prestó servicios de apoyo psicológico a casi 900 personas, servicios de orientación y asesoramiento jurídico en todo tipo de materias como civil, penal o laboral por profesionales especializados a 264 mujeres.

Al mismo tiempo, se concedieron ayudas económicas específicas a las mujeres víctimas, como la prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de violencia de género, con 50 ayudas concedidas por importe de 270.936 euros. También, las víctimas cuentan con un acceso a la Renta Garantizada de la Ciudadanía en condiciones especiales y, en 2015, fueron 116 víctimas las que accedieron a renta garantizada.

En 2015, se convocaron líneas de ayudas para empresas y entidades, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León por un importe de 100.000 euros. Se beneficiaron de esta subvención 21 empresas y se subvencionaron 21 contrataciones.

En 2016, también se han convocado y se ha incrementado el presupuesto hasta los 147.000 euros. Junto a esto, se adjudicación a mujeres víctimas en régimen de arrendamiento un total de 30 vivienda protegidas que beneficiaron a 78 personas y se prestó servicio de orientación psicológica a maltratadores a 55 hombres mediante el programa Fénix.

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