En ese sentido, Suárez-Quiñones ha explicado que el hecho de que los efectos no estén siendo los deseables "no quiere decir que no sea los que tienen que ser". Antes de hacer entrega a sus inquilinos de las llaves de unas viviendas públicas en Abades, el consejero ha indicado que la Junta está dando "la solución que corresponde en Derecho", que prevé que "si alguien no hace lo que tiene que hacer en el plazo establecido, se fija una consecuencia".

No obstante, Súarez-Quiñones ha hecho hincapié en que lo que no se puede es "compeler personalmente a la persona de forma física". De este modo, el propietario de la planta "hará lo que crea que tiene que hacer" y la Administración tomará las medidas que el Derecho establezca "al máximo", dado que se trata de una situación "intolerable", como ha señalado el consejero, que ha mostrado su comprensión con el hartazgo ciudadano.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha recordado que la empresa propietaria de la planta ha sido objeto de "33 inspecciones de todo tipo" y que han incluido a los departamentos de Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente. Tras detectar irregularidades, se prohibió la entrada de material, se ordenó procesar lo que estaba pendiente y que se eliminase la "situación de irregularidad" tanto en las fincas donde había depósitos como en la planta, según ha narrado el consejero".

Además, se incoaron expedientes sancionadores, "que han concluido en una propuesta de sanción", pero que ha sido suspendida por el proceso judicial que se sigue en Cuéllar y que "es preferente", como ha afirmado Suárez-Quiñones que, sin embargo, ha remarcado que "rigen" todas las medidas cautelares y los plazos otorgados a la empresa para que retome "la vía correcta de funcionamiento del sistema".

Asimismo, el consejero ha garantizado que la Junta "va a hacer" que la actividad de la planta de compostaje "vaya por los cauces de la Ley" porque de lo contrario "tendrá que terminar esa actividad".

Por su parte, la plataforma ciudadana No Más Mierda ha llamado a la ciudadanía a manifestarse en Valladolid el día 5 de octubre, cuando sus representantes están convocados a una reunión formal con Juan Carlos Suárez-Quiñones en la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El portavoz del colectivo, José Luis Ordóñez, ha criticado en un comunicado emitido este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press la decisión de la Junta de Castilla y León de "esperar" a que la causa judicial que se sigue en Cuéllar por posible delito medioambiental cuente con una sentencia firme "en vez de aplicar de forma inmediata" las sanciones correspondientes al incumplimiento de las autorizaciones concedidas a la gestora de residuos orgánicos.

Ordóñez ha recalcado que los "montones de basura" acumulados en tierras de labor de Fuentepelayo, Zarzuela del Pinar y Aguilafuente "están contaminando el suelo y el agua, minando la salud de las personas y de los demás seres vivos".

El portavoz de No Más Mierda ha apuntado el día 9 de octubre como tope de un "ultimátum" de la Junta para la retirada de esas basuras y su derivación a gestores autorizados "capaces de tratarlas". De hecho, Juan Carlós Suárez-Quiñones ha manifestado "entre esta semana y la que viene adoptaremos las medidas oportunas".

Desde la plataforma han criticado también que a la planta de compostaje "aparentemente se le está permitiendo provocar aún más contaminación" al revolver los montones de basura de las tierras de labor y han cuestionado por qué no se le retira la licencia ambiental y las autorizaciones y se procede a su cierre definitivo. Por todo ello, No Más Mierda ha convocado una "concentración-manifestación" en la plaza de la Fuente Dorada, de Valladolid, a las 19.00 horas del 5 de octubre.

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