«Tratamos de reducirla con la mejora de la gestión, pero nos encontramos dentro de la media nacional», explican desde Agualid, la empresa que gestiona desde hace diez años el servicio de agua de la ciudad.
Hasta el año pasado el proceso de reclamación era muy complicado, ya que tenía que seguir las vías administrativas marcadas por el Ayuntamiento (como las multas o los impuestos que no se pagan).
Sin embargo, desde que se completó la privatización, el cobro de los morosos se hace a través de los juzgados, como una deuda entre dos personas o dos empresas, normales y corrientes.
Por vía judicial
Cada mes, Agualid remite a los juzgados una media de 30 expedientes de morosos para intentar cobrar las deudas. «Tramitamos las reclamaciones cuando la cantidad ya es importante porque se acumulan varios recibos sin pagar», indican desde la empresa de aguas.
La otra alternativa a la reclamación judicial es el corte del suministro. Este proceso necesita el visto bueno del Ayuntamiento: una notificación oficial, plazo de alegaciones...
Es tan largo y complejo que en la última década sólo se ha cortado el agua a dos clientes.
«No es la mejor opción. Preferimos llamar todas las veces que sean necesarias y llegar a acuerdos para pagar en varios plazos antes que preceder al corte. Esa no es la solución», explican técnicos de Agualid.
Con carácter general, los morosos son viviendas particulares o negocios de la ciudad, ya que las empresas no suelen dar ningún problema en el pago de las tarifas.
Continúan pidiendo recibos
Al margen de la persecución de la morosidad, los ciudadanos continúan llevando reclamaciones al Ayuntamiento para que Agualid les devuelva la parte del recibo mal cobrada, según una sentencia sobre un recibo de la Asociación de La Rondilla, entre los años 2001 y 2005.
El plazo para solicitar el dinero concluye en diciembre.
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