En rueda de prensa, los tres concejales de Participa Sevilla; Susana Serrano, Julián Moreno y Cristina Honorato, han explicado que es la "primera vez" que el Ayuntamiento se enfrenta a la anulación del acto de aprobación de sus presupuestos. "Nunca se ha dado una situación así", ha dicho Susana Serrano, quién ante las preguntas sobre la incidencia o no de la sentencia en la aplicación y desarrollo de los presupuestos, ha culpado a "la irresponsabilidad" del PSOE de la situación suscitada.

"El gobierno local ha metido la pata. Es la presidenta del pleno (la concejal socialista Carmen Castreño) quien vetó el debate y votación de nuestras enmiendas y se saltó nuestros derechos fundamentales como concejales", han defendido los ediles de Participa, quienes consideran que la sentencia constituye "una derrota política" para el PSOE, para "la vieja política" y para las prácticas "cortijeras" del gobierno local en el pleno.

Precisamente por ello, Participa ha reclamado la dimisión de Carmen Castreño, quien a su juicio, como mínimo "no debe seguir teniendo las mismas funciones, al menos en la Presidencia del pleno". "En cualquier país democrático, algo así deriva en la toma de responsabilidades políticas", han enfatizado señalando la figura de Castreño e insistiendo en que el asunto debe derivar en consecuencias en materia de "responsabilidades políticas".

Volviendo a la incidencia o no de la sentencia sobre la aplicación de los vigentes presupuestos, con sus proyectos, actuaciones y servicios, Julián Moreno ha precisado que media un plazo de 30 días antes de que el fallo sea declarado firme, un periodo en el que el Gobierno local puede recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo, suspendido al menos temporalmente su ejecución. Y es que según reconoce Moreno, de ser aplicada la sentencia, "por pura lógica, los presupuestos (de 2016) serían nulos".

En cualquier caso, Participa ha culpado del conflicto al PSOE y su "irresponsabilidad" al "vetar" las enmiendas de Participa, con lo que son los socialistas quienes "tienen que resolver el problema" mediante una fórmula más allá de un mero recurso de casación que prolongue el litigio. "A ellos les toca solucionar el problema que han generado", han dicho alertando de que hasta el momento, el Gobierno municipal no ha emprendido ninguna negociación con Participa.

LA SENTENCIA

En una sentencia emitida este pasado 21 de septiembre y recogida por Europa Press, el TSJA da cuenta del recurso promovido por la vía Contencioso Administrativa por los concejales de Participa; Susana Serrano, Julián Moreno y Cristina Honorato, contra los acuerdos de aprobación inicial y definitiva del vigente presupuesto municipal de 2016, al no permitir la presidenta del pleno, la concejal socialista Carmen Castreño, el debate y votación de las enmiendas promovidas por Participa frente al proyecto presupuestario.

Según detallaba en su momento el concejal Julián Moreno, tal extremo implicaba una "violación" del artículo 23 de la Constitución Española, porque dicho punto regula los "derechos fundamentales" de los cargos públicos y en el caso de los concejales de la oposición, "es inherente la presentación de enmiendas a la hora de los presupuestos", extremo que según avisaba "impidió" Carmen Castreño como presidenta del pleno.

Además, y según Moreno, la negativa al debate y votación de enmiendas en el trámite de aprobación inicial del presupuesto "conculca el artículo 168 de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el presupuesto se presenta para su aprobación, enmienda o devolución, por lo que está claro que caben las enmiendas y en este caso nos las negaron".

"RETROACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO"

La sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en ese sentido, detalla que los concejales recurrieron los actos de aprobación inicial y definitiva del vigente presupuesto municipal, "con reconocimiento del derecho de los recurrentes al debate y votación de las enmiendas formuladas, a fin de que previos los informes preceptivos, con retroacción del procedimiento, se proceda a una nueva convocatoria de pleno para la aprobación inicial del presupuesto, en el que se admitan a trámite y se sometan a debate y votación las enmiendas formuladas en su momento".

Así, Participa Sevilla ha alegado "vulneración" de la Constitución, entre otros aspectos, defendiendo el Ayuntamiento, de su lado, que la Presidencia del pleno inadmitió las enmiendas "con fundamento en el reglamento orgánico municipal, sin que los actores formularan recurso contra dicha decisión, a diferencia del Grupo popular, que planteó la cuestión por vía ordinaria utilizando el trámite de la Ley de Haciendas Locales, por cuanto la cuestión debe circunscribirse en el ámbito de la legalidad ordinaria, no afectando a la participación en los asuntos públicos".

La sentencia del TSJA, en ese sentido, detalla entre otros puntos que el reglamento orgánico municipal regula que "no podrán introducirse por vía de enmienda modificaciones que alteren sustancialmente una propuesta", pero a juicio del tribunal, "la decisión de la Presidencia (del pleno) no se fundamenta en ninguno de los supuestos que contempla" el reglamento orgánico municipal, "habiéndose emitido informe por la Intervención municipal, en el que se hace constar que (las enmiendas) están equilibradas, no significan incrementos presupuestarios, están identificadas y técnicamente son posibles".

"VULNERACIÓN" CONSTITUCIONAL

"El acuerdo plenario que aprobó inicialmente los presupuestos, al inadmitir de plano el debate y votación de las enmiendas presentadas por el grupo Participa Sevilla, vulneró lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución, al impedir su participación en un asunto público ejerciendo las funciones inherentes a su cargo", resume el TSJA, que estima la impugnación promovida por Participa y declara "nulos" los acuerdos plenarios "de aprobación inicial y definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Sevilla".

En consecuencia, el TSJA ordena "la retroacción del procedimiento, para que se proceda a nueva convocatoria del pleno, para la aprobación inicial del presupuesto a fin de que se admitan a trámite y se sometan a debate las enmiendas formuladas". La sentencia del TSJA, no obstante, es susceptible de recurso de casación.