Las pruebas de acceso a las profesiones de Abogacía y Procuradoría podrán realizarse en euskera, catalán, valenciano y gallego, después de que el Gobierno central haya atendido a una "reivindicación histórica" de las cuatro comunidades del Estado con lenguas cooficiales, según ha informado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka.

La posibilidad de efectuar estos exámenes en las mencionadas lenguas se materializará a través de un convenio entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas de Cataluña, Euskadi, Galicia y Valencia.

Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal en el que el Ejecutivo vasco ha dado el visto bueno a la suscripción de este convenio, ha explicado que el acuerdo se ha alcanzado después de que se hayan superado las "reticencias expresadas repetidamente por el Gobierno español".

El Ejecutivo central atiende así a una "reivindicación histórica" de Euskadi, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana para que las pruebas de acceso a las profesiones de Abogacía y Procuradoría pudieran hacerse en las lenguas cooficiales propias de estas comunidades, según ha explicado el portavoz del Gobierno vasco en funciones.

"INACEPTABLE"

Desde el gabinete de Iñigo Urkullu se considera que resultaba "inaceptable" que las personas de estas autonomías que quisieran acceder a estas dos profesiones "estuvieran obligadas a hacer el examen en español".

El Gobierno vasco asumirá el coste de la preparación de la prueba en euskera para garantizar los derechos lingüísticos de las personas que se presenten a estos exámenes.

A partir de ahora, y gracias a la firma de este convenio, cada aspirante podrá decidir libremente si opta por hacer la prueba en español o por realizarla en euskera, catalán, valenciano o gallego.

Además, el convenio garantiza la calidad de la traducción y que la prueba, se realice en el idioma que se realice, "tenga carácter único, idéntico y confidencial durante todo el proceso".

TRADUCCIONES

El Gobierno español tendrá que proporcionar el material informático y las instalaciones necesarias para que las traducciones se lleven a cabo en su sede. Además, se compromete a incorporar las plantillas ya traducidas, para que estén a disposición de las personas aspirantes el día de la prueba de acceso.

Los ejecutivos de Euskadi, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana garantizarán que sus servicios de traducción puedan desplazarse a la sede del Ministerio de Justicia para realizar la traducción de la prueba en la correspondiente lengua cooficial. Los departamentos de Justicia de cada comunidad autónoma asumirán el coste económico derivado de dicho desplazamiento.

Una vez firmado el acuerdo, se creará una comisión de seguimiento paritaria que controlará, coordinará e interpretará lo establecido en el mismo. Este organismo estará integrado por cuatro personas designadas por el Ministerio de Justicia y una nombrada por cada comunidad autónoma suscriptora del convenio.