El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión cautelar que adoptó el pasado mayo de la ley catalana que impone un impuesto sobre las viviendas vacías, por lo que vuelve a estar en vigor hasta que el tribunal de garantías resuelva el recurso contra ella interpuesto por el Gobierno.

El pleno del alto tribunal revisó la semana pasada este aspecto, tal y como prevé la Constitución una vez cumplidos los cinco meses desde la suspensión cautelar, han informado fuentes jurídicas, que han explicado que los magistrados decidieron levantar dicha suspensión.

El TC acordó en mayo esta suspensión en el mismo pleno en que admitió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España contra varios preceptos de la ley del Parlamento de Cataluña de 21 de julio del año pasado del impuesto sobre las viviendas vacías.

El levantamiento de la suspensión cautelar no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en sentencia.

La ley catalana fue aprobada con los votos favorables de CDC, UDC, ERC y Ciutadans (C'), y los contrarios de PSC, PPC, ICV-EUiA y la CUP.

El objetivo del impuesto, con el cual la Generalitat espera recaudar más de ocho millones de euros anuales, es reducir la cifra de viviendas vacías y potenciar el alquiler social, para lo cual se grava a los bancos, cajas y empresas inmobiliarias que tengan bolsas de pisos desocupados como mínimo durante dos años.

La base imponible del impuesto varía en función de los metros cuadrados de los inmuebles y puede situarse entre un mínimo de 800 a 2.400 euros el año, si bien quedan exentas de pago las personas físicas, las entidades del tercer sector y los pisos puestos a disposición de programas sociales o situados en zonas de escasa demanda.

La consellera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, ha celebrado este lunes la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la ley que regula el impuesto sobre los pisos vacíos y ha dicho que el Govern prevé recaudar este año unos 14,3 millones por esta vía. En declaraciones a los periodistas, la consellera ha recordado que el Govern prevé aprobar "en breve" una nueva versión de este impuesto que sustituye los artículos recurridos por el Gobierno ante el TC y para ampliar de 72 a 234 los municipios donde podrá aplicarse.

Borràs se ha mostrado "satisfecha" de que la ley catalana que avala el impuesto a los pisos vacíos "vuelva a estar viva", aunque ha remarcado que durante los meses que ha estado suspendida la ley -desde mayo- ello no ha afectado a la recaudación.

A la pregunta de si no temía que la ley catalana esté sujeta a inseguridad jurídica, dado que el TC no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, la consellera lo ha negado, y ha insistido en el que el Govern seguirá usando la ley para seguir ampliando el parque público de vivienda y beneficiando así a las personas "más vulnerables".

En el mes de abril, la Generalitat informó de que había recaudado 11,3 millones de euros, tres más de los previstos, con la primera liquidación anual del impuesto sobre viviendas vacías, que han hecho efectivo un total de 198 entidades financieras e inmobiliarias por tener pisos deshabitados más de dos años sin causa justificada.