De esta forma, la UCA sugiere que los contribuyentes que no han tenido beneficio en la transmisión de sus bienes "puedan declarar su autoliquidación cero, cosa que en el Ayuntamiento de Zaragoza ahora es imposible", ha explicado el presidente de la asociación, José Ángel Oliván, al advertir de que se está cobrando "injustamente" este impuesto a estos ciudadanos.

En rueda de prensa, acompañado por el abogado Santiago Palazón, Oliván ha solicitado también que se estimen "positivamente" las reclamaciones que han presentado los aragoneses que han estado pagando este impuesto en los últimos cuatro años y que no han tenido incremento en el valor de sus inmuebles, así como que en 2017 no se elaboren las ordenanzas de manera que los ciudadanos tengan que "pagar primero y reclamar después".

"Esta petición es de justicia y los propios tribunales lo están reconociendo", ha recalcado Oliván, al observar que si los consistorios tienen necesidades de financiación deben buscar otras vías y "no obligar a los ciudadanos a recurrir a los tribunales".

Ha recordado que este impuesto se aplica sobre el incremento del valor que experimenta el terreno donde se sitúa el inmueble, desde el momento de su compra hasta su venta o transmisión, de forma que no se tiene en cuenta su valor real, sino su valor catastral, y se aplica un tipo que varía entre el 0 y el 30 por ciento, según los ayuntamientos.

En la capital aragonesa, se realizó una revisión catastral hace tres años y en muchos casos "dobló y hasta triplicó" el valor de los terrenos, ha señalado, por lo que pisos y locales sufrieron un incremento por la revisión de ese valor catastral.

DOBLE IMPOSICIÓN

El abogado Santiago Palazón ha observado que en el caso de la plusvalía se trata de una "doble imposición", ya que el valor de los terrenos ya se paga al Estado y las Comunidades autónomas a través de la renta y se abona a los ayuntamientos con este impuesto que grava la transmisión de bienes y las herencias, teniendo en cuenta el valor catastral actual.

Ha explicado como ejemplo la situación de quien, debido a la crisis, ha tenido que vender apresuradamente su inmueble, recibiendo menos dinero por la venta del que tuvo que pagar al comprarlo, pero "a la administración municipal le da igual que gane o pierda" con la transacción, dado que tiene que pagar el impuesto.

En el caso de las personas que han decidido recurrir, "la mayoría" de los cinco juzgados Contencioso-Administrativos de la provincia están diciendo "de forma contundente que si no ha habido incremento de valor" real del inmueble esa persona no debería abonar el impuesto de la plusvalía.

DEVOLVER RECIBOS

Según los consistorios, "siempre que hay una transmisión hay que pagar, pero los jueces dicen que si no hay un incremento de valor no se paga", ha remarcado Palazón, al apuntar que el Ayuntamiento ya ha tenido que devolver recibos por el importe íntegro cobrado más los intereses acumulados desde el día que ese ciudadano pagó el impuesto hasta que se reconoce que se le debe devolver.

Asimismo, sobre el tipo que se aplica en la plusvalía, ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza "desde el minuto uno, todos los gobiernos municipales, han mantenido el tipo impositivo en el máximo, en el 30 por ciento, porque políticamente les viene muy bien a todos" para recaudar.

Por otra parte, el abogado ha relatado que presentó un recurso "directo" contra la ordenanza que entró en vigor en 2014 por estimar que el procedimiento de cálculo para el cobro es erróneo. Si el juez dice que el ayuntamiento lo está calculando bien "no tenemos más que decir, pero como diga que se está calculando" teniendo en cuenta el "incremento futuro" y no como determina la ley, "en ese caso todos los recursos serán fallados favorablemente.

José Ángel Oliván ha indicado que su propuesta sobre la plusvalía se centra en aquellos contribuyentes que han vendido sus bienes inmuebles pero en los que no ha habido un incremento del valor de los mismos, no han tenido un beneficio o, incluso, han tenido pérdidas en esa transacción, insistiendo en que este impuesto es "injusto, el ayuntamiento no puede perjudicar al ciudadano de una manera tan flagrante".