Siguiendo las directrices y obligaciones legales contenidas en la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estas pruebas se realizarán mediante test salivares por los miembros del Equipo de Investigación de Accidentes de la Policía Local que cuentan con una formación específica.

Los agentes utilizarán equipos especiales, realizando en primer lugar una prueba indiciaria y, en caso de arrojar un resultado positivo, un segundo test que se enviará a un Laboratorio Forense para confirmación del resultado.

Los conductores de vehículos a motor, ciclomotores y bicicletas tienen la obligación legal de someterse a tales pruebas cuando sean requeridos en caso de cometer una infracción de tráfico, si están implicados en un accidente de tráfico o con ocasión de un control preventivo programado.

Si se negara a someterse a las pruebas cometería un presunto delito, contemplado en el artículo 383 del Código Penal, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

En el supuesto de dar resultado positivo -sin llegar a infracción penal, caso de no presentar signos de conducir influenciado por tales sustancias-, la infracción administrativa se sanciona con multa de 1.000 euros y detracción de seis puntos del carné. Además, se inmovilizaría el vehículo.

Las sustancias estupefacientes que pueden detectar estos equipos son cocaína, opiáceos, cannabis, anfetaminas y meta-anfetaminas.

En los primeros ocho meses del presente año se han realizado 120 controles de alcoholemia con 7.088 pruebas practicadas y 372 pruebas con resultado positivo, de las cuales los conductores cometieron 278 infracciones administrativas y 94 penales