El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha señalado a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los consejeros al frente de la formación de sus respectivos gobiernos como responsables políticos del presunto fraude en esta materia, al tiempo que ha eximido de toda responsabilidad política a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Marín ha dicho que no comparte con PP-A y Podemos que la jefa del Ejecutivo andaluz tenga responsabilidad política y que se equivocan ambas formaciones al decir que Susana Díaz paralizó los cursos de formación. "Fue Griñán quien lo hizo en 2012, ella continuó esa decisión", ha añadido.

Para el dirigente de la formación naranja, si se le puede achacar alguna responsabilidad a la presidenta de la Junta "es por la tardanza en volver a poner en marcha los cursos y en solucionar el problema". Si bien, y en su opinión, la decisión de pararalizar la formación fue "coherente y acertada" porque se requería "parar, fiscalizar y exigir responsabilidades".

Marín ha considerado que tienen que ser los máximos responsables del Gobierno andaluz entre el periodo 2002 y 2012 y sus consejeros con competencias en esta materia los máximos responsables políticos y que así lo trasladará su grupo parlamentario en las conclusiones de la comisión de investigación al respecto, que ya tienen elaboradas. Si bien, ha precisado que su formación no dice que Chaves y Griñán "se hayan llevado nada".

También ha considerado que, posiblemente, esas responsabilidades políticas que su formación apunta ya estén "amortizadas" porque esas personas ya no estén, "quizás porque C's exigió la marcha de Chaves y Griñán". Junto a ello, ha dejado claro que C's no comparte con el PSOE-A que "aquí no ha pasado nada". "Sí que ha pasado y hay que dar las explicaciones", ha agregado.

Así, tras insistir en que ha habido responsabilidades "muy importantes, brutales como ya dije", el dirigente de la formación naranja ha incidido en que hay más de 750 millones de euros presuntamente defraudados. Según ha añadido, serán los jueces los que tengan que determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de este caso.

En este contexto, Marín ha dicho esperar que los grupos parlamentarios puedan aprobar un dictamen de la comisión de investigación y que éste sea enviado a la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.