Según han señalado fuentes de Podemos en un comunicado recogido por Europa Press, se trata de dos infraestructuras de transporte y comunicación que "por un lado colapsan el desarrollo industrial de la provincia", como es el caso de la paralización de dicha vía férrea, y que, por otro, suponen un riesgo para los usuarios de la N-I, como es la no liberalización de la AP1.

Así, Vila ha solicitado al Gobierno en funciones, mediante una petición al Congreso, que "dé a conocer estimaciones o estudios", que tiene el Ministerio de Fomento, sobre el peso estratégico y logístico y el impacto económico perjudicial" que tiene el cese en la circulación del ferrocarril directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero y que cifre el impacto en especial para las ciudades de Aranda de Duero y Burgos y sus áreas de influencia.

En la misma petición, Vila reclama que se dé información acerca de la "situación y previsión de actuaciones" en el túnel de Somosierra, "así como los motivos por los que no se han reanudado las obras aun".

Vila ha requerido que se le entregue una memoria completa de todas las inversiones realizadas en la línea del Ferrocarril directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero desde el año 2000 hasta la actualidad y que se informe de los costes de mantenimiento, prorrateados por año y por tramos, de la línea en ese mismo periodo de tiempo, así como el volumen anual de pasajeros y de mercancías que circularon por la línea dese 2000 a 2008.

En la segunda solicitud, el parlamentario de Unidos Podemos solicita que se le informe acerca de los "expedientes completos de contratación de las obras, consultoría y asistencia técnica de todos los tramos de la autopista AP-1" y que ese documento incluya las "declaraciones de impactoa mbiental, los certificados 'Red Natura', todas las actas de valoración de la mesa de contratación, y diversas tramitaciones relativas al proyecto.

Según Vila, para que puedan tener una idea "lo más real y cercana posible", ha requerido que se le facilite un "resumen de todas las certificaciones de obra de cada uno de los contratos finalizados y, respecto de aquellos contratos que aun estén en ejecución", otro relacionado con los contratos, "indicando presupuesto inicial de adjudicación y los importes finalmente abonados", y las cantidades, desglosadas por año, pagadas por el Estado a la empresa concesionaria desde el año 2000 en concepto de compensación por 'peaje en la sombra'.