El Gobierno estadounidense admitió este lunes que pudo haber otorgado la nacionalidad por error a más de 850 inmigrantes procedentes de países objeto de vigilancia especial por suponer problemas para la seguridad nacional o que debían ser deportados.

La Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado de que se le otorgó por error la nacionalidad a al menos a 858 personas de los llamados "países de interés especial" o de otros en los que es habitual la falsificación de documentos, que estaban pendientes de deportación o que reingresaron al país con otro nombre tras ser expulsados.

Los "países de interés especial" son aquellos objeto de una vigilancia migratoria específica por presentar una amenaza terrorista y entre ellos figuran Afganistán, Argelia, Indonesia, Irak, Irán, Libia, los territorios palestinos, Pakistán, Somalia, Siria, Sudán y Yemen.

El informe del Departamento de Seguridad Nacional indica que el error se debió a que "ni el banco de datos digital de huellas digitales ni los archivos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contenían todos los datos de viejas huellas digitales de individuos que habían sido previamente deportados".

Según el comunicado, el historial de huellas digitales se perdió porque las antiguas fichas en papel usadas antes de 2008 no habían sido digitalizadas totalmente ni subidas al banco de datos, mientras que había otras que no había sido pasadas el FBI.

"Actualmente, aún no se han digitalizado cerca de 148.000 registros de huellas digitales de extranjeros procedentes de países de interés especial sobre los que pesaban órdenes finales de deportación, que eran delincuentes o fugitivos", según el informe.

La Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional ha detectado que al menos tres individuos que se nacionalizaron tras haber sido deportados bajo una identidad diferente, obtuvieron credenciales para llevar a cabo trabajos que comprometían la seguridad de puertos marítimos o aeropuertos.

En los tres casos se les revocaron los permisos, mientras que en otros se investiga la posibilidad de retirarles la ciudadanía o presentar cargos contra ellos.