En una nota de prensa, el Conceyu recuerda que en el mes de diciembre de 2015 entró en vigor para las Comunidades Autónomas la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, "en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las Administraciones y entes públicos sea superior al 50 por 100 y las fundaciones del sector público".

Recuerda la organización que la Ley de Transparencia "impone una serie de obligaciones que afectan a las empresas y fundaciones que integran el sector público asturiano". "Entre ellas", continúa la nota, "estaría la de publicar un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional (artículo 6) y las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de dichas entidades e, igualmente, las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo (artículo 8.1 f)".

"De las 36 empresas y fundaciones integradas en el sector público autonómico, según el Inventario de Entes Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 34 no publican de forma correcta y completa la información exigida por la Ley y sólo dos - ITVASA y SEDES

- cumplen con dichas obligaciones legales, como se pueda comprobar visitando el llamado portal de transparencia del Gobierno asturiano y la página web oficial de de estas entidades", señala la nota.

"Con carácter general, las empresas y fundaciones públicas integradas en el sector público del Principado ocultan las retribuciones de sus gerentes o directores y sus currículos profesionales, así como las retribuciones que, en su caso, perciben los miembros de los Consejos de Administración y de los Patronatos. En los casos de SOGEPSA y VIPASA, tampoco se informa de las indemnizaciones percibidas por sus anteriores gerentes tras abandonar recientemente el cargo", critica la organización.