Cifuentes corrige las decisiones de Aguirre y acaba con su legado en la Comunidad de Madrid

  • Casi una decena de iniciativas impulsadas por la lideresa han sido eliminadas por la presidenta regional. 
  • En algo más de un año se han finiquitado proyectos como la Ciudad de la Justicia o el campo de golf de Chamberí. 
  • Varias leyes también han sido modificadas, además de acabar con el Consejo Consultivo, un órgano cuyas decisiones no eran vinculantes. 
Terrenos de Valdebebas donde se iba a construir la Ciudad de la Justicia, donde solo está levantado el edificio de Medicina Legal.
Terrenos de Valdebebas donde se iba a construir la Ciudad de la Justicia, donde solo está levantado el edificio de Medicina Legal.
JORGE PARÍS

Esperanza Aguirre (PP) estuvo casi diez años (2003-2012) al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sus políticas liberales fueron muy discutidas por sus adversarios y la ciudadanía, sobre todo en la recta final de su mandato, cuando le tocó lidiar con la crisis económica y aplicó recortes en todos los ámbitos (Educación, Sanidad, políticas sociales...). Sin embargo, nunca imaginó que su legado, su herencia política, iba a ser tan cuestionada dentro de su partido. En poco más de un año, la también popular Cristina Cifuentes ha eliminado el rastro casi una decena de iniciativas impulsadas por la lideresa.

  • Campo de golf de Chamberí. El Gobierno regional anunció la semana pasada que desmantelará la instalación pese a que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula el proyecto de Aguirre es recurrible ante el Tribunal Supremo. La historia de las instalaciones del Canal, de casi 119.000 metros cuadrados, arranca en 2003. Ese año, la Comunidad logró la autorización del Ayuntamiento para realizar un proyecto que constaría de una amplia zona verde con un estanque, un campo de fútbol y un helipuerto. En 2006, el proyecto sufrió una modificación que haría ponerse a los vecinos de la zona en pie de guerra: la Comunidad introducía como novedad la construcción de un campo de golf para prácticas. Los técnicos municipales no vieron con buenos ojos esta maniobra y llamaron la atención del Gobierno regional. Fue entonces cuando Esperanza Aguirre decidió declarar la instalación de interés general, una artimaña legal que solucionaba el problema. La lucha vecinal llevó la maniobra de Aguirre a los tribunales. El TSJM, en 2012, anuló la declaración de interés general, y el Supremo, en 2013, no aceptó el recurso de la Comunidad. Pero el Gobierno regional, ya con Ignacio González como presidente, no arrojó la toalla e ideó otra fórmula para evitar el derribo: la aprobación de un plan especial que ahora ha sido anulado.

  • Ciudad de la Justicia. Fue una de las primeras decisiones del actual Ejecutivo regional. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, suspendió en julio de 2015 el procedimiento de adjudicación. Los problemas legales con una de las empresas adjudicatarias del anterior proyecto (Campus de la Justicia) fueron la excusa para enterrar el proyecto. "El informe de la Abogacía de la Comunidad dice que lo suspendamos. Nos damos un tiempo para poder analizar el proceso y resolver el contrato de Corsan", señaló Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia y Justicia. La construcción del Campus de la Justicia arrancó en 2007 con un presupuesto de unos 500 millones de euros. Esperanza Aguirre puso la primera piedra de una megaciudad en el nuevo barrio de Valdebebas que inicialmente iba a contar con 12 edificios para juntar las 28 sedes judiciales que actualmente están dispersas por Madrid. Casi diez años después de su constitución, la sociedad inició su liquidación por parte del Gobierno regional, ya con Ignacio González como presidente, en el verano de 2014 con solo un edificio completado: el Instituto de Medicina Legal, que se encuentra cerrado y en estado de semiabandono pese a costar unos 17 millones de euros. González relanzó la iniciativa bajo el nombre de Ciudad de la Justicia en diciembre de 2014. Su construcción iba a emperza en julio de este año y finalizaría en el verano de 2019. La firma de ingeniería Corsan Corviam, que había resultado adjudicataria del estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de las obras del edificio de los juzgados de lo Social y Mercantil, recurrió entonces al Tribunal de Contratación en defensa de sus derechos. Este órgano le dio la razón y decretó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad no podría adjudicar el nuevo contrato hasta que compensase a Corsan por los daños causados.

  • Consejo Consultivo. El Gobierno de Cifuentes aprobó hace un algo más de un año la eliminación del Consejo Consultivo, un órgano creado en 2008 y encargado de elaborar dictámenes independientes sobre leyes, decretos o expedientes tramitados por el Ejecutivo, los ayuntamientos y las universidades públicas de la región. Estos informes, sin embargos, no eran vinculantes. El Consultivo tenía un presupuesto de 4,13 millones de euros en 2015. El 85% de esa cantidad (3,52 millones) iba destinada al pago de salarios, ayudas y cotizaciones sociales. El ahorro calculado por Cifuentes alcanzaría los 2,3 millones de euros por ejercicio, cifra equivalente al presupuesto estimado que se ejecutaría en los próximos años.

  • Privatización de los servicios no sanitarios. La Comunidad de Madrid derogó la normativa que abre la puerta a la privatización definitiva de los servicios no sanitarios. Esta ley impulsada por la expresidenta regional Esperanza Aguirre facilitaba dejar en manos de empresas privadas servicios hospitalarios como el de limpieza, cocina o lavandería. La anulación del  punto 2 del artículo 13 de la Ley 4/2012 de 4 de julio, se incluyó en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2016.

  • Externalización de seis hospitales. El Ejecutivo regional integró el pasado 30 de junio en el Servicio Público de Salud Madrileño los seis hospitales públicos cuya gestión podría ser privatizada, como era la intención del Gobierno de Aguirre. Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Hospital del Tajo (Aranjuez), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda) ya han sido incluidos en el Servicio Público de Salud Madrileño y sus casi 6.000 trabajadores han pasado ser eventuales a interinos.

  • Ley del Suelo. La Asamblea de Madrid dio luz verde en diciembre de 2015 a la derogación del artículo 39 de la Ley del Suelo que prohibía construir más de tres alturas en los nuevos desarrollos. La norma fue aprobada por Esperanza Aguirre (2003-2012) en julio de 2007. Esta anulación ha permitido el desbloqueo de algunas de las grandes operaciones urbanísticas de la región, como la operación Calderón, que ha estado juidicializada durante años. También posibilitaba la ejecución de la Operación Chamartín, que en estos momentos se encuentra paralizada por una falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el resto de partes implicadas (Fomento, Comunidad de Madrid y la promotora Castellana Norte —BBVA y la constructora San José—).

  • Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Conocida como 'ley virus', se aprobó bajo el mandato de la expresidenta regional en 2012. La norma autorizaba a  los propietarios de parcelas rurales de más de 6 hectáreas (60.000 metros cuadrados) a realizar chalés de una planta y varias habitaciones dotados de acceso, aparcamiento y todos los suministros necesarios sin cumplir ninguna pauta específica de eficiencia energética ni presentar un proyecto de impacto ambiental.

  • Ley Forestal. Cifuentes también ha introducido un cambio en la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de 2007 con el fin de eliminar la prohibición de entrada de agentes forestales a montes o terrenos forestales de titularidad privada sin autorización judicial.

  • Bajada de tasas en Educación. Las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid han reducido un 20% sus precios este curso. La reducción de tarifas ha supuesto un ahorro medio de 312 euros por alumno. Esta bajada llega después del tasazo que impuso la expresidenta regional Esperanza Aguirre en junio de 2012, que supuso un incremento del 175% para las familias de rentas más bajas con un niño menor de un año. El Ejecutivo de Cifuentes también ha rebajado un 15% las tasas universitarias en un 15%. Solo en 2012, habían aumentado de media un 38%. 
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