Al inicio del juicio, el presidente del tribunal, el magistrado José Requena Paredes, ha avanzado la decisión del tribunal de desestimar la cuestión previa planteada por una de las defensas respecto a que la Junta no podía estar personada en el proceso al no contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno.
Requena Paredes ha justificado la personación de la Junta en la relevancia que esto supone para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva para la Comunidad Autónoma y en defensa del patrimonio histórico.
Ha sostenido que cuando la Junta es parte perjudicada por un delito "casi por imperativo" debe producirse la personación y el posible perjuicio que haya podido tener en esta causa concreta es "razón suficiente" para ello.
Tras resolverse esta cuestión, contra la que no cabe recurso -solo contra la sentencia que se dicte en su momento por esta causa-, un trabajador del BBVA al que únicamente acusa la Junta de Andalucía ha ratificado ante el tribunal el preacuerdo de conformidad que había sellado con carácter previo y ha aceptado tres meses de cárcel por apropiación indebida.
Se trata del cuarto acusado que ha ratificado un acuerdo de conformidad en esta causa, después de que en la primera sesión del juicio lo hicieran dos trabajadores del monumento -un oficial de primera y una controladora- y una persona vinculada a la agencia de viajes Washingtong Irving Travel, María Pilar A.B., que aceptaron una condena de nueve meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
El acuerdo de María Pilar A.B. conllevó la retirada de la acusación de la Fiscalía y la Junta de Andalucía para su marido, Juan C.J., vinculado también a Washingtong Irving Travel, el cual quedará absuelto cuando se dicte sentencia.
De este modo, el proceso continúa ahora con 49 acusados en vez de los 50 iniciales. Los delitos que se juzgan son los de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Washingtong Irving Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.
Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.
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