Así, según han indicado a Europa Press fuentes del caso, el próximo viernes día 23 de septiembre está previsto que comparezcan en el juzgado dos funcionarios. Estas citaciones continuarán el 27 de este mes y varios días de octubre, han apuntado.

Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El Juzgado de Instrucción número 8 abrió 27 piezas -al margen de la principal-, una por cada firma; aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por haber una relación entre las sociedades.

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la sección de la Seguridad Social, que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

Asimismo, se ha investigado una presunta falta de control por parte de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y también en la liquidación de las ayudas.

PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO

La Fiscalía de Málaga, tras analizar uno por uno cada caso, y una vez de que declaró la mayoría de los responsables de las empresas investigados, presentó escritos instando al archivo de 18 piezas relativas a otras tantas sociedades, al considerar que no había delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no superaba en ningún caso los 120.000 euros que requiere la ley.

En este sentido, según fuentes del caso, el juzgado instructor ya ha empezado a dictar los primeros autos de sobreseimiento provisional de estas piezas, siguiendo los criterios expuestos por el ministerio público en esos informes en los que pedía el archivo de las actuaciones.

El fiscal, por contra, no solicitó el sobreseimiento de la pieza principal, donde se investiga la actuación de políticos y funcionarios. De hecho, el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña fue a declarar en el juzgado y defendió la legalidad de los cursos, señalando que "no hay menoscabo de fondos públicos". También fue la exjefa de servicio.

La acusación pública tampoco solicitó el archivo de otras ocho piezas relativas a empresas, al verse en algunas indicios de delito de falsedad o irregularidades que, aún sin superar ese dinero, "son patentes", tal y como se requiere para que se enmarque en el ámbito penal.