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ha elaborado una lista específica para los docentes interinos que tienen la condición de discapacitados tal y como lo exige la interpretación del art. 14 y 49 de la Constitución".

En una nota de prensa, la Asociación ha respondido a las manifestaciones de Varela en sede parlamentaria. A preguntas del diputado del PP, Matías Rodríguez Feito, la consejera ha defendido la gestión del Gobierno autonómico para mejorar el acceso al mercado de trabajo para las personas con discapacidad.

Recuerda la asociación la falta de dicha lista específica "es contraria al ordenamiento jurídico y vulnera mandatos judiciales firmes en la medida que por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en cuatro sentencias de fecha 21 de julio de 2016 se ha confirmado las dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo; esto vale para todas las especialidades y con independencia de lo que se pueda acordar con los Sindicatos en las Mesas de negociación, sobre la base de que hay que aplicar normativa constitucional".

"La Consejería de Educación efectivamente ha firmado un acuerdo de

reserva de plazas para interinos con discapacidad, pero se trata de un acuerdo ilegal teniendo en cuenta la legislación anteriormente mencionada ya que dicho acuerdo limita la reserva de las plazas", matiza la nota de prensa.

Así, la Asociación deja claro que "en ningún caso, se ha cumplido la reserva del 7% de plazas de empleo temporal para cubrir puestos de funcionario interino que establecen tanto el Decreto 6/2012 como la sentencia del TSJA de 21 de julio de 2016". Además, "tampoco ha cumplido la reserva del 7% de plazas para personas con discapacidad en las últimas oposiciones de Secundaria al no establecer reserva en promoción interna. Es decir, esta reserva fue realizada, tan sólo, en el proceso selectivo para optar a puestos indefinidos de funcionario de carrera de carácter libre", comenta la Asociación de Maestros capacitados.

Critica además que "el hecho de que se reserve del 8% de la facturación del Principado de Asturias a contratos con Centros Especiales de Empleo (como destacó Varela en su intervención) no se puede ni se debe considerar como pionero ni modélico si de lo que estamos hablando y por lo que estamos luchando es la integración laboral de las personas con discapacidad".

Así, recuerda que "la contratación de productos o servicios con Centros Especiales Empleo está contemplada como una Medida Alternativa a la Integración Laboral que, en el caso de las empresas privadas, sólo se puede adoptar en aquellos casos en los que se ha obtenido un certificado de excepcionalidad otorgado tras haber acreditado la imposibilidad de encontrar personas con discapacidad con el perfil solicitado o en caso de que la parte contratante acredite que no puede ofrecer empleo por dificultades económicas". "Y ninguna de las dos situaciones se dan en la Consejería de Educación", concluye la Asociación.