El Juzgado Número 2 de Móstoles ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), y otras cuatro personas, por supuestas irregularidades urbanísticas en ese municipio.

Según el fiscal, hay indicios de que Enrique Porto pudo haber cometido delitos de "prevaricación", "tráfico de influencias" y "negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios", al utilizar, presuntamente, su cargo para tramitar un planteamiento urbanístico que produjo beneficio económico a su mujer.

Delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios

Así, la aprobación de ese plan (en 2004), que contaba con informes técnicos en contra, produjo un beneficio económico millonario, entre otros, a la mujer de Porto (casada con él en régimen de gananciales) y al arquitecto que redactó el plan.

"Pelotazo" urbanístico

Enrique Porto, que dimitió el pasado 3 de octubre de 2006, para "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", tras diversas acusaciones del PSM-PSOE, entre ellas, que había utilizado su cargo para dar un "pelotazo" urbanístico en Villanueva de la Cañada.

La querella, que tiene su origen en la denuncia que presentaron  el pasado 7 de noviembre de 2006 los diputados autonómicos socialistas Ruth Porta y Modesto Nolla, se refiere a la aprobación del Plan Parcial del Sector I Los Pocillos, cuando Porto era director general de Urbanismo.

Seis acusados

Además de a Porto, el fiscal acusa a la arquitecta municipal, Juana María Manrique, y a su esposo, el alcalde Luis Partida, a José María Fernández del Río (redactor del plan), y a José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal, ambos ingenieros municipales.

Como medida cautelar, el fiscal solicita una fianza para cada uno de ellos de 50.000 euros.