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La nueva central térmica de Endesa en la Punta del Sebo. L.MARTÍN

Después de que el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) sentenciara a favor de la compañía energética Endesa obligando al Ayuntamiento de Huelva a conceder la licencia de obras de la nueva central en la Punta del Sebo, han sido muchos los grupos que se han posicionado en contra de esta autorización.

En 1991 se firmó un convenio para la descontaminación de la ría con el objetivo de intentar recuperar la zona. Así, no se podría autorizar la implantación de más industrias pero sí permitiría la mejora o la ampliación de las ya existentes.

Siguiendo estos criterios, el Ayuntamiento se negó a dar la licencia de obras a Endesa ya que consideraba que la central de ciclo combinado era una nueva instalación y violaba los acuerdos de descontaminación. Por su parte, la compañía argumentaba que la actividad era la misma y que sólo se sustituía el proceso antiguo por otro más eficiente.

Endesa pide una indemnización de 7,1 millones de euros por daños y perjuicios

Ahora, el TSJA le ha dado la razón a Endesa y el consistorio onubense ha reaccionado anunciando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia. Consideran que el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) es suficiente para denegar la licencia, aunque el acuerdo de 1991 no quedó reflejado en el mismo.

Las opiniones
El Colegio de Arquitectos: aplaude la decisión del Ayuntamiento por mantener su postura al denegar la licencia por incumplimiento del PGOU y los acuerdos entre los grupos políticos y sociales del año 1991.

IU: quiere saber si el recurso no va a ser solo un elemento de presión para negociar la indemnización que Endesa le pide al Ayuntamiento por daños y perjuicios por valor de 7,1 millones de euros.

Mesa de la Ría: consideran que la movilización ciudadana ha sido determinante en esta decisión. No entienden la petición de indemnización porque Endesa no suspendió las obras ni la puesta en marcha de la central.

PSOE: afirma que si empiezan a parecer informes de técnicos del Ayuntamiento aconsejando conceder la licencia, el consistorio podría haber incurrido en un delito de prevaricación por haber tomado una decisión a sabiendas de que no era la correcta.

CCOO: piden consenso para crear un tejido industrial que vertebre toda la provincia con la instalación de empresas que cumplan con los parámetros medioambientales. Acusa a los políticos de crear una fractura social.

Por su parte, los onubenses están divididos. Unos opinan que la industria es necesaria y es el principal motor económico de Huelva; otros acusan a las fábricas de la degradación del medio ambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos.

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