Esta medida, acompañada de otras como la renovación de equipos obsoletos, empleados principalmente por el personal de auxilio judicial, está encaminada a cumplir con los plazos que marca la legislación vigente para el desarrollo del expediente judicial electrónico, ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

Los fondos con los que se financiarán estas inversiones provienen del reparto del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, dotado con seis millones de euros, que realiza el Ministerio entre las comunidades que tienen transferida esta competencia para sufragar proyectos de modernización y digitalización.

Con la cantidad recibida, el Gobierno de Navarra se compromete a avanzar en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito judicial y a continuar con la implantación de la oficina judicial y fiscal, así como a garantizar la seguridad jurídica a través del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.

El pasado año, la Dirección General de Justicia recibió de este fondo del Ministerio una ayuda de 83.000 euros, con los que se financiaron mejoras del programa informático que gestiona la justicia gratuita, así como una herramienta para facilitar a las personas con discapacidad visual el acceso a los documentos judiciales y la digitalización de la documentación del Registro Civil afectada por las inundaciones del 4 de julio de 2014 en Baztan.

CONVENIO FIRMADO EN MADRID

El reparto de fondos del Programa de Reforma de la Administración de Justicia se materializó recientemente en la sede del Ministerio de Justicia con la firma de un convenio de colaboración entre el ministro Rafael Catalá y las personas responsables de esta materia en las Comunidades con competencia transferida, en el caso de Navarra la directora general de Justicia, Lurdes Aldave.

La Dirección General de Justicia recuerda que el origen de este programa proviene de las tasas judiciales, "que en un principio se motivaron para dotar de fondos a la justicia gratuita". No obstante, la contestación ciudadana y también desde los profesionales que trabajan en el ámbito de la Justicia fue "unánime". Este verano, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que dichas tasas no son conformes a derecho, declarando la nulidad de su imposición.

Además, ha indicado el Gobierno, el dinero recaudado por este concepto no ha revertido a la justicia gratuita ni a las comunidades, "como pusieron de manifiesto los representantes de los gobiernos regionales que acudieron a la firma del convenio", tal y como explica Lurdes Aldave. Según ella, en la reunión con el Ministerio se constató que "la Justicia no participa todavía de la consideración de servicio esencial para la ciudadanía y no tiene los recursos presupuestarios que este compromiso conlleva".

Durante el encuentro, desde la representación navarra se explicaron también los proyectos de oficina judicial remitidos al Ministerio, además de la necesidad de revisar los planes de actuación para recuperar la masa salarial del personal de la Administración de Justicia.