En rueda de prensa, González ha señalado que es "la estrategia de titular pretencioso -del PP- se ha demostrado ser una estrategia fallida". Asimismo, ha añadido que el archivo de la causa "es una buena noticia que en favor de desjudicialización de la vida política".

En este sentido, el alcalde ha afirmado que el PP "que ha centrado su labor de oposición en embarrar la acción de este equipo de gobierno, se ha caído con todo el equipo", ya que "esto nos da la razón, porque dice que quien tiene que explicar a los vecinos lo que pasó en Loreto no es el equipo de gobierno actual, sino el PP".

Además, González ha afirmado que el auto de la juez "confirma que nuestro recurso no era para retrasar o dilatar plazos como maliciaban algunos, era porque pensábamos que llevábamos la razón, que es lo que pensamos actualmente".

"Nuestra afirmación ni faltaba al honor ni era injuriosa, lo que decía el PP que habíamos dicho basándose en algunas publicaciones de prensa no era lo que habíamos dicho, y así lo recoge la jueza", ha manifestado.

González, tras hacer un repaso de algunas cuestiones del razonamiento jurídico del auto dictado por la juez, como que, según la magistrada, "tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones" en las que basa el PP su querella, ha incidido en que se trata de "una crítica política ante un hecho irregular".

Asimismo, ha insistido en criticar al PP en "su intento de hacer de los tribunales un medio más en su labor de oposición", en contraposición del equipo de gobierno, que abrió, según González, una "vía política" con la creación de la comisión realizada por aclarar lo sucedido en Loreto en octubre de 2014.

En cuanto al hecho de que el equipo de gobierno llevara el caso ante la fiscalía, González lo ha justificado en que se trata de una "responsabilidad de gobierno" el llevarlo "para que sea ella la que determine si hay hechos o no constitutivos de delito".

"Los vecinos merecen una explicación, porque la solución que le dieron ya se ha demostrado que era falsa", ha afirmado el alcalde, que ha añadido que la intención del equipo de gobierno es "llegar hasta el final, que significa depurar responsabilidades".

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), su edil de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de gobierno del PP -que interpuso una querella- en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.

En el auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada deja sin efecto las citaciones de querellantes y acusados en relación a esta causa, que estaban previstas a partir de este miércoles.

El juzgado ha entendido, según argumenta en el auto, que el recurso de reforma interpuesto por el alcalde y el resto de investigados debe ser atendido "ante la evidencia de que no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar y sí, por el contrario, la concurrencia de un ánimo de crítica respecto a la gestión de los asuntos públicos".

En cuanto a las supuestas calumnias, señala que es "una crítica política, que no se imputa un delito de forma concreta y evidente, y que existe, cuando menos, una actuación administrativa irregular en relación con algunos aspectos de la empresa municipal de aguas".

Así, no se entiende acreditado el delito de calumnias, pues "no consta imputación de hecho delictivo alguno dado que se denunciaban meras irregularidades". En cuanto a las injurias, dice la juez que "no podemos desconectar lo manifestado con el ámbito en el que se efectúan las expresiones, que pueden ser excesivas o poco acertadas, pero no integrantes de responsabilidad penal".

Al respecto, abunda que "no se imputa de forma genérica a los querellantes por parte de los querellados la comisión de un delito contra la salud pública, sino que se hace referencia a irregularidades administrativas cuyo responsable último sería el Gestor de Aguas de Cádiz, y en su caso la Autoridad Sanitaria, que es la competente para proceder al corte del suministro".